Los recursos permitirán afinar los instrumentos de análisis, las estructuras y esquemas de trabajo gubernamental para lograr una mayor eficiencia en la lucha contra este tipo de actividades delictivas.
Se trata de la instauración de una política más eficiente que conduzca a reducir la vulnerabilidad producida por los grupos criminales y sus fuentes de financiación como lo es el lavado de activos.
Aunque los esfuerzos de las autoridades por adoptar medidas de prevención y control son inagotables, cada vez surgen nuevas técnicas, prácticas y tipologías a través de las cuales aumenta el accionar delictivo en el país.
Documento CONPES 4042 Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Es por esto que se requiere de nuevos y sofisticados instrumentos de análisis y seguimiento a las operaciones de los actores que intervienen en los distintos eslabones del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Las herramientas y el marco normativo de la política contra este tipo de crímenes se ajustarán a los estándares internacionales.
Una de las estrategias va dirigida a mejorar la efectividad en ubicación y persecución de las armas de destrucción masiva en el país.
La ejecución de las medidas incluidas en la financiación aprobada por el CONPES ocurrirá entre 2021 y 2026.
Allí se indica que es indispensable promover la gestión de información permanente entre los actores del ALA/CFT (Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo) en Colombia, la cual incentivará la participación ciudadana en la prevención y denuncia de este tipo de conductas.
El objetivo es desmantelar las organizaciones criminales, porque al atacar su base financiera se minimiza el riesgo de que la economía sea utilizada para sus fines ilícitos.
En el documento CONPES se advierte que es urgente consolidar los procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el Sistema Antilavado, para generar sinergias que optimicen las labores de prevención, detección, investigación, judicialización y persecución de los activos.
En la creación de esta política participaron más de 30 entidades del orden nacional, destacándose, entre otras, la Unidad de Información y Análisis Financiero, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Sociedad de Activos Especiales, la mayoría de superintendencias y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).