El
ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano,
sostuvo que la aprobación del proyecto en su último debate es un logro
más en el marco del reto de reactivación económica emprendido por el
país y se constituye en un espaldarazo del legislativo para atender las
necesidades de los más vulnerables.
Destacó
que Colombia tiene hoy una cifra récord en materia de inversión
pública, lo que sin duda contribuye a la generación de puestos de
trabajo y responde al sentimiento general de los ciudadanos.
Por
sectores, los renglones con mayor apropiación para el PGN 2022 son:
educación, con $49,5 billones; defensa y policía, $42,6 billones; salud y
protección social, $41,9 billones; trabajo, $34,7 billones; Hacienda,
$24,3 billones; e inclusión social y reconciliación, $23,2 billones.
“El
objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas en condición de
pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica por
los efectos de la pandemia de Covid-19”, agregó.
Es
así como se financiarán programas sociales como Ingreso Solidario,
asistencia a la primera infancia, formación para el trabajo por parte
del SENA, Familias y Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, créditos y becas
del ICETEX.
“La
aprobación en segundo debate del presupuesto es un paso más en el
camino que estamos construyendo en ese propósito de responder al desafío
de lo social”, confirmó.
Por su lado, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero Barco,
explicó que el presupuesto de inversión no solo es histórico por el
monto, sino por su importante contenido social, toda vez que un alto
porcentaje va a financiar programas de apoyo monetario a las familias
más vulnerables, al igual que con recursos para la reactivación
contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo, por ejemplo,
con recursos para proyectos de infraestructura vial.
Convenios interadministrativos
Entre
los cambios que se llevaron al segundo debate del proyecto, se destacó
los que se hicieron al artículo 125. En este sentido, se estableció que
“con el propósito de promover la reactivación económica y la generación
de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley
y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios
interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar
programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la
Nación”.
Y
aclara que dicha disposición modifica únicamente en la parte pertinente
el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.
Además, indica que todos los convenios que se suscriban bajo el amparo
de la presente disposición serán objeto de control especial por parte de
la Contraloría General de la República y que el Contralor General
determinará, en el marco de sus competencias constitucionales y legales,
la forma en que se ejercerá dicho control especial.
De
otro lado, es importante destacar que el artículo 55 del proyecto
señala que las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación que celebren contratos y convenios interadministrativos con
entidades del orden territorial, y en donde se ejecuten recursos de
partidas que correspondan a inversión regional, exigirán que para la
ejecución de dichos proyectos, la entidad territorial publique
previamente el proceso de selección que adelante en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), y solo se podrán
contratar con Pliegos Tipo establecidos por el Gobierno Nacional.