Pasto, 16 de junio de 2026. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) llegó a la sede regional del ICBF en la capital del departamento de Nariño para presentar un análisis sobre el impacto económico de la deserción escolar en Colombia. Durante el foro “Proteger la infancia es cuidar el futuro social y económico del país”, la entidad reveló que el abandono escolar le cuesta al país cerca de $2,8 billones de pesos al año en términos de pérdida de productividad y capital humano.
El análisis advierte que quienes abandonan la escuela durante la primaria pueden ver reducida hasta en un 60% su capacidad de generar ingresos a lo largo de su vida adulta; en comparación con quienes alcanzan formación técnica o tecnológica. Asimismo, cada año de educación secundaria o técnica no cursado reduce los ingresos futuros entre un 8 % y un 12 % de manera permanente.
Se estima que cerca de 700.000 menores de edad en Colombia están vinculados al trabajo infantil o realizan labores domésticas intensivas que afectan su permanencia en el sistema educativo. Los datos, basados en estudios del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, señalan además una pérdida estimada de entre 0,5 % y 1 % del crecimiento anual del PIB potencial, al restringir la disponibilidad de talento humano calificado y limitar las posibilidades de sofisticación productiva del país.
Menos educación, más informalidad y una vejez precaria
El análisis presentado por Planeación Nacional también evidencia la estrecha relación entre la deserción escolar, la informalidad laboral y la pobreza en la vejez.
Mientras una persona con formación técnica puede cotizar al sistema pensional entre el 70 % y el 80 % de su vida laboral, quienes abandonan la escuela en los primeros años apenas alcanzan niveles de cotización entre el 20 % y el 30 %, lo que reduce prácticamente a cero sus posibilidades de acceder a una pensión. Como consecuencia, dicha población depende en la vejez de programas asistenciales que apenas cubren sus condiciones básicas de subsistencia.
Para la directora general de Planeación Nacional, Natalia Molina, las cifras refuerzan la necesidad de fortalecer la inversión social y las acciones de prevención en los territorios con mayores riesgos:
"Colombia logró reducir la tasa de trabajo infantil del 3,4 % al 2,8 %, un avance que nos demuestra que fortalecer la inversión social en los territorios más vulnerables debe seguir siendo una prioridad para el país. También entendemos que la clave está en la prevención. Por eso construimos el Trazador de Trabajo Infantil, una herramienta que nos permite identificar riesgos, focalizar esfuerzos y actuar de manera oportuna para garantizar que los niños y las niñas permanezcan en la escuela, ejerzan plenamente sus derechos y cuenten con la protección integral del Estado".
En las zonas urbanas tenemos una reducción histórica situándose en un 2,1% en 2022 y reduciéndose al 1,7% para el año 2024. En las zonas rurales comenzó en un 7,1% en 2022 y descendió al 6% en 2024.
Durante el foro, que contó con la participación de expertos del sector público (del nivel nacional y territorial), la academia y organismos internacionales, niños, niñas y adolescentes del departamento también reflexionaron sobre la importancia de la escuela, la cultura y el deporte en todo el territorio nacional como espacios clave para prevenir el trabajo infantil.
“En las zonas de conflicto, en las zonas rurales se necesitan más oportunidades, para que los niños y las niñas no tengan que truncar sus sueños; para que no tengan que asumir responsabilidades que nos les competen y puedan aprender y disfrutar su infancia” señaló Valerie Rodríguez.
Los participantes coincidieron en que el trabajo infantil refleja cómo, en contextos donde persisten rezagos históricos en inversión social, protección de derechos y generación de ingresos dignos para las familias, las decisiones de supervivencia inmediata terminan teniendo mayor peso que las apuestas de largo plazo, como la educación. Esta dinámica contribuye a la reproducción de ciclos de pobreza y exclusión social.
En este escenario, Planeación Nacional destacó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha concentrado sus esfuerzos en cerrar brechas históricas, fortalecer la inversión social y ampliar la presencia del Estado en las regiones, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los hogares colombianos. Entre estos avances sobresale el aumento histórico del salario mínimo, que registró un crecimiento acumulado del 42,35 % entre 2022 y 2025, una medida que ha contribuido a fortalecer el poder adquisitivo de millones de familias y a garantizar mayores condiciones de bienestar, dignidad y oportunidades para niñas, niños y adolescentes.