Bogotá D.C., 2 de marzo de 2026. El CONPES 4184 “Política de Reforma Agraria: redistribución de tierras y aguas para la producción y el cuidado de la vida”, fue presentado por La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, junto con el viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga y el académico Jonathan Fox, en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20) que se desarrolló en Cartagena.
En esta nueva política de Estado, se invertirán más de 18 billones de pesos, en su mayoría recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, en un horizonte de 10 años (2026-2036) para poner en marcha cerca de 146 acciones lideradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y articuladas a través del Sistema Nacional de Reforma Agraria (SINRADR), que serán implementadas por 26 entidades del orden nacional y materialicen una reforma agraria que permita reducir las brechas de desigualdad y garanticen los derechos fundamentales.
El documento CONPES 4184 parte de que la desigualdad en la ruralidad no es el resultado de fallas aisladas ni de dinámicas coyunturales, sino de un sistema agrario históricamente configurado que reproduce, de manera sostenida la concentración de la tierra y el agua, la asignación desigual de activos productivos rurales, la fragmentación institucional y la exclusión política de amplios sectores rurales.
Al respecto, la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso aseguró: “El CONPES 4184 representa un hito en la política agraria colombiana, en la medida en que consolida por primera vez una hoja de ruta integral y de largo plazo para enfrentar la desigualdad agraria estructural mediante una estrategia redistributiva explícita”.
El Plan de Acción de esta política significa pasar de intervenciones fragmentadas a una acción articulada del Estado organizada en seis ejes estratégicos: (1) redistribución de tierras, aguas y bienes naturales; (2) redistribución de activos productivos rurales; (3) fortalecimiento de la institucionalidad agraria; (4) justicia agraria especializada; (5) reconocimiento e inclusión de los sujetos populares del campo; y (6) distribución de riesgos climáticos y sostenibilidad.
A la vez, Molina Posso indicó que con estas seis dimensiones se busca superar la persistencia del atraso productivo, la pobreza rural, la baja productividad agropecuaria y las desigualdades territoriales, así como su vínculo histórico con el conflicto armado. “Este CONPES 4184 tiene como finalidad reducir de manera sostenida la desigualdad agraria estructural mediante una intervención integral que combine redistribución, fortalecimiento institucional, justicia agraria e inclusión”.
El camino recorrido en esta política agraria recoge antecedentes normativos relevantes, como la Constitución de 1991 y la Ley 160 de 1994, así como los desarrollos de la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz de 2016. No obstante, el documento reconoce que, aunque estos instrumentos introdujeron avances importantes, su impacto fue limitado debido a la fragmentación institucional, restricciones operativas y la falta de articulación entre acceso a tierra y provisión de activos productivos.
La política se inscribe en un nuevo marco constitucional que fortalece el enfoque redistributivo, con el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural y el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada. “Este CONPES, es un paso trascendental porque se trata de un plan concreto que impactará la vida de millones de personas que viven en la ruralidad, que viven su día a día en esa Colombia profunda, en ese país rural, que ha estado en el olvido, pero que tendrá una transformación estructural orientada a corregir desequilibrios históricos en la distribución de recursos y poder en la ruralidad”, puntualizó Molina Posso.
¡Con dignidad Cumplimos!