La directora general del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, presentó esta nueva política ante organizaciones sociales, personas con discapacidad y sus familias, principales beneficiarias de esta hoja de ruta construida de manera articulada con el Ministerio de Igualdad y Equidad.
“Este es el resultado de un Gobierno que ha decidido poner la dignidad humana en el centro de las decisiones públicas. Por eso no podemos seguir entendiendo la discapacidad desde una mirada asistencialista. Hoy avanzamos hacia una política basada en derechos, sustentada en tres pilares: la accesibilidad para la vida independiente, la autonomía económica y el fortalecimiento de la justicia y la participación política. Nuestro propósito es convertir en una política de Estado la eliminación de las barreras que históricamente han limitado las oportunidades, la participación y el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.
Asimismo, invitó a apropiarse de este instrumento de política pública. “Queremos que este CONPES sea una herramienta para exigir derechos, fortalecer la participación y seguir avanzando hacia la igualdad plena”, concluyó.
El CONPES 4198 parte de avances concretos alcanzados durante los últimos años para seguir ampliando la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Entre ellos se destaca el incremento histórico de personas con discapacidad vinculadas al sector público, que pasó de 2.516 en 2019 a 17.709 en junio de 2025, acercándose a la meta de 20.000 empleos establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.
En atención a la primera infancia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó más de 3.900 niñas y niños con discapacidad atendidos en sus diferentes modalidades y más de 5.500 niños, niñas y adolescentes beneficiados a través de las Casas Atrapasueños en 21 departamentos del país.
Sin embargo, persisten barreras que limitan el acceso de las personas con discapacidad a oportunidades de empleo, educación, vivienda, salud y participación. Para superarlas, el CONPES 4198 contempla una inversión indicativa de $5,66 billones y 119 acciones que orientarán la acción del Estado durante los próximos diez años y que beneficiara a cerca de 3 millones de personas.
Esta política busca fortalecer la inclusión educativa desde la primera infancia hasta la educación superior, ampliar la disponibilidad de materiales adaptados y fortalecer la Lengua de Señas Colombiana para garantizar trayectorias educativas más incluyentes.
En materia de vivienda, promoverá soluciones urbanas y rurales con ajustes razonables, como rampas, barandas y adecuaciones que favorezcan la autonomía y la vida independiente. A esto se suma el impulso a sistemas de transporte accesibles desde su diseño para facilitar la movilidad y el acceso al estudio, el trabajo y la participación comunitaria.
Para ampliar las oportunidades de empleo, contempla incentivos para la contratación, adecuación de puestos de trabajo, fortalecimiento de la vinculación laboral en el Estado y apoyo a emprendimientos y procesos de economía popular que permitan generar ingresos propios y avanzar hacia la autonomía económica.
La política también promoverá programas de actividad física, recreación y deporte adaptados, así como escenarios deportivos, parques, espacios recreativos, museos y centros culturales accesibles para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la vida social, cultural y comunitaria del país.
Durante el evento, Natalia Moreno, activista del sector, destacó que la aprobación de esta política representa un paso histórico para una población que durante décadas ha enfrentado exclusión y barreras para participar plenamente en la sociedad.
“Este CONPES es resultado de nuestra lucha, de años de trabajo de las personas con discapacidad y sus familias. Es el momento de no permitir más el encierro, el aislamiento ni la segregación, y de seguir incidiendo como lo hemos hecho con este gobierno progresista. Vemos avances, pero debemos mantenernos trabajando para alcanzar la libertad plena, la autonomía y la participación de todas las personas con discapacidad”, afirmó.
La presentación del CONPES 4198 marca una nueva etapa en la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Con esta política, el Gobierno del Presidente Petro deja una hoja de ruta, recursos y compromisos concretos para que la inclusión deje de depender de esfuerzos aislados y se convierta en una responsabilidad permanente del Estado. El objetivo es claro: construir una Colombia sin barreras, sin discriminación y con igualdad de oportunidades para todas y todos.
¡Con dignidad Cumplimos!