Presupuesto y Ley de Financiamiento son procesos independientes pero esenciales para la reactivación económica: DNP

 20/09/2024

El Presupuesto General de la Nación debe aprobarse en primer debate en las comisiones económicas conjuntas antes del 25 de septiembre, y su discusión en las plenarias de Cámara y Senado debe concluir a más tardar el 20 de octubre.

  • El 10 de septiembre se radicó la Ley de Financiamiento, cuyo objetivo es generar condiciones favorables para la reactivación económica y garantizar los recursos faltantes para la transformación social del país, con una proyección de recaudo de $12 billones.​

Con las leyes del Presupuesto y de Financiamiento se espera atender a las comunidades más vulnerables del país en el 2025​

​​Bogotá D.C., 20 de septiembre 2024 (@DNP_Colombia). Como parte de la discusión pública del Presupuesto General de la Nación y, en un compromiso por el diálogo democrático con la sociedad, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) comparte con la opinión pública los aspectos esenciales de los proyectos de Ley del Presupuesto y Ley de Financiamiento, con los que se espera atender a las comunidades más vulnerables del país en el 2025.

Dos procesos simultáneos con un objetivo común, tramitados de manera independiente en el Congreso

El Presupuesto General de la Nación (PGN) es un instrumento en el que cada año se detallan los ingresos y gastos del Estado, donde se define en qué se invertirán los recursos del Estado. El PGN es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el Congreso de la República para priorizar recursos para atender las necesidades del país.

El presupuesto presentado por el Gobierno para 2025 refleja el compromiso por la sostenibilidad de las finanzas públicas, en estricto cumplimento de la Regla Fiscal y de todos los compromisos legales del Estado. No obstante, como consecuencia de las restricciones macroeconómicas y fiscales, así como la alta rigidez producto de las decisiones y deudas heredadas de gobiernos anteriores, se hizo necesario presentar una Ley de Financiamiento que busca obtener recursos adicionales para financiar un mínimo de inversiones estratégicas que bajo otro escenario estarían desfinanciadas, sin cambiar de manera permanente las leyes tributarias existentes.

Presentar un proyecto de Ley de PGN y, de manera simultánea, una Ley de financiamiento no es algo nuevo, y diferentes Gobiernos en el pasado también lo han hecho. Esto está amparado en el artículo 347 de la Constitución Política, el cual faculta al Gobierno a tramitar una Ley de Financiamiento cuando los ingresos previstos no sean suficientes para atender los gastos mínimos que el Estado prevé asumir para el mantenimiento de las condiciones de vida de la población.

Es importante entender que, aunque el presupuesto incluye los fondos que se esperan recaudar con la Ley de Financiamiento, su aprobación no depende de esta. Ambos procesos avanzan de manera independiente en su trámite en el Congreso, pero convergen en un mismo objetivo: tener los recursos suficiencias para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y las colombianas.

El presupuesto en el Congreso

Después de un meticuloso trabajo entre el Ministerio de Hacienda, el DNP y los distintos sectores del Gobierno, se radicó ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto para 2025 por $523 billones de pesos el pasado 29 de julio de 2024. Este documento fue previamente aprobado por el CONFIS y el CONPES, asegurando que refleja las prioridades económicas y sociales del país.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su primera fase de discusión en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, quienes tienen que analizarlo y aprobarlo antes del 25 de septiembre en primer debate.

Posteriormente, en la primera semana de octubre, el proyecto pasará a las plenarias de la Cámara y el Senado, donde se designarán nuevos ponentes para el segundo debate. El objetivo es que, antes del 20 de octubre, el presupuesto sea aprobado en su totalidad. Finalmente, el presidente Gustavo Petro deberá sancionarlo antes del 30 de diciembre.

La Ley de Financiamiento: sumando esfuerzos para el progreso

El 10 de septiembre de 2024, el Ministerio de Hacienda presentó la Ley de Financiamiento ante el Congreso. Esta ley busca recaudar $12 billones que serán destinados a proyectos estratégicos en 2025. No obstante, algunos sectores de la sociedad han planteado que este proyecto de ley es una reforma tributaria.

Vale la pena aclarar que una Ley de Financiamiento, además de financiar el presupuesto de la siguiente vigencia, a diferencia de una reforma tributaria, plantea elementos más amplios que sólo modificaciones al estatuto tributario. A su vez, su discusión involucra a las cuatro comisiones económicas del Congreso de la República, permitiendo una visión más amplia y constructiva.

Los recursos que se recaudarán por esta ley permitirán financiar:​

  • Mejoramiento de viviendas, a través de créditos accesibles para que más familias puedan vivir dignamente.
  • Fortalecimiento del turismo, generando empleo y desarrollo en diferentes regiones del país.
  • Transición energética, apoyando iniciativas que promuevan energías limpias y sostenibles.
  • Desarrollo de energías renovables no convencionales, impulsando la innovación y cuidando nuestro medio ambiente.

Si bien la aprobación de esta ley es crucial para financiar partidas incluidas en el presupuesto, esta se tramita de manera independiente al proceso de presupuesto. Ambos proyectos de ley son necesarios para asegurar que Colombia cuente con los recursos y las herramientas para enfrentar los retos actuales y futuros.

Invitación a construir país juntos

El director del DNP, Alexander López Maya, expresa: "Nuestro compromiso es con cada colombiano. Queremos que comprendan que estos procesos, aunque separados, son fundamentales para el desarrollo del país. Invitamos al Congreso y a la sociedad a avanzar unidos, priorizando el bienestar y el progreso de todos".​

Ley Financiamiento; PGN 2025; DNP

Compartir

Otros contenidos

Gobierno del cambio avanza en la construcción de una política económica y social que humanice y dignifique el Sistema Penitenciario y Carcelario

El Gobierno Nacional está comprometido en la construcción de una política pública intersectorial para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, como lo ha ordenado la Corte Constitucional en varias sentencias desde el año 1998.