Este documento se desarrolló en el marco de la Misión de Descentralización con el objeto de analizar la política de descentralización y de inversión de recursos públicos en infraestructura de vías terciarias. El proceso de descentralización en materia de infraestructura vial ha transformado el sector, en cuanto a competencias y recursos ente los niveles de gobierno, y se ha convertido en un proceso de cambio continuo de normas, reglamentaciones e institucionalidad.
Para 2022, Colombia tiene una red vial estimada de 205.745 km de carretera, de los cuales 18.323 km corresponden a la red primaria (9%), 45.137 km a la red vial secundaria (22%) y 142.284 km pertenecen a vías terciarias (69%). De los 18.323 km de red primaria a cargo del gobierno nacional, 10.840 km (59%) son administrados por el INVÍAS, y 7.484 km (41%) son administrados por la ANI, bajo contratos de concesión. La red secundaria se encuentra en su totalidad bajo las administraciones departamentales. De los 142.284 km de red terciaria, 100.748 km (71%) son administrados por municipios, 3.959 km (10%) están a cargo de las administraciones departamentales, y 27.577 km (19%) bajo responsabilidad del Gobierno nacional, y son administrados por el INVÍAS.
Estimaciones presentadas por el DNP indican que el 70% de las vías terciarias son en afirmado, el 24% en tierra, y el 6% están pavimentadas, y en promedio, solamente el 19% se encuentra en buen estado, el 41% en regular y el 40% en mal estado.
El desarrollo de la infraestructura de vías terciarias tiene un efecto positivo en actividades económicas legales como la agricultura, la ganadería y la piscicultura (seguridad alimentaria), así como, la silvicultura, el turismo, la extracción de minerales, la educación rural, y las actividades recreativas y deportivas en áreas rurales. Y por lo tanto, permite reducir la pobreza, aumentar las posibilidades de comercialización de los pequeños productores, disminuir los costos de transporte, elevar la velocidad de desplazamientos entre la zona rural y la urbana, mejorar las condiciones de movilización para estudiantes de escuelas y colegios de secundaria en las zonas rurales, las condiciones de seguridad en las zonas aisladas, para consolidar el proceso de paz; y por último, un plan de mantenimiento de vías terciarias genera empleos locales directos.
En los planes de gobierno y en la política pública se encuentra unanimidad en el diagnóstico acerca de la importancia de realizar inversiones en vías terciarias; sin embargo, el presupuesto asignado no ha sido adecuado frente a la necesidad, la ejecución de los recursos es muy lenta, y la priorización de recursos ha tenido criterios políticos, aunque existen los documentos técnicos para una optimización de la inversión de dichos recursos.
Es necesario construir un Plan Maestro Vial de la Red Terciaria, que cuantifique la necesidad de recursos para su implementación, para lo cual se deben diseñar programas de intervención en las vías terciarias, según el estado de la red, que incluya una metodología de priorización de las intervenciones, que en una Fase 1 desarrolle un Plan de Atención de Puntos Críticos, con el fin de garantizar la transitabilidad en las vías terciarias, donde se identifiquen actividades productivas y los servicios del Estado, que se realizan o deberían desarrollarse en la región.
Para las actividades de mantenimiento rutinario y periódico que conservan la red vial terciaria, el marco normativo vigente permite contratar mano de obra local, lo cual se puede desarrollar en actividades como limpieza de drenajes, rocería (limpia de un terreno con el corte de árboles y arbustos), limpieza y construcción de cunetas, remoción de derrumbes, reconstrucción de zanjas, y limpieza y reparación de señales de seguridad vial, cuando se trate de mano de obra no calificada.
Sin embargo, para las actividades de rehabilitación o reconstrucción y de mejoramiento de las especificaciones de las vías terciarias, se puede contratar mano de obra local, pero siempre será necesario garantizar el equipo profesional y técnico necesario para obtener una óptima ejecución de los recursos en el proyecto.
Introducción
La Misión de Descentralización se conformó para elaborar los estudios técnicos e insumos que evalúen el modelo actual y presenten iniciativas constitucionales y legislativas para definir y ordenar la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales señaladas en el artículo 286 de la Constitución Política.
Este documento se desarrolló en el marco de la Misión de Descentralización con el objeto de analizar la respectiva política y su correspondiente inversión de recursos públicos en infraestructura de vías terciarias. A continuación, se describen los capítulos en los cuales se desarrolló este estudio, ajustados de acuerdo con la dinámica de reuniones de trabajo, revisiones y socialización con distintas instituciones y actores relevantes, en el transcurso del desarrollo de la Misión.
En la primera parte, se presenta una “Caracterización sobre la infraestructura vial en Colombia", a partir del análisis de información estadística de fuentes oficiales, complementada con reuniones y entrevistas a funcionarios del Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), al igual que se describe el estado de dicha infraestructura.
En la segunda parte, se hace referencia al “Análisis de competencias y recursos en la infraestructura de transporte vial". En general, en este sector, las competencias y los recursos están delimitados para cada nivel de gobierno, los cuales vienen sufriendo modificaciones constantes desde la Constitución de 1991, en lo normativo, reglamentario e institucional.
En la tercera parte, se recoge una revisión sobre la “Política sectorial para la infraestructura vial rural" desde la promulgación de la Constitución de 1991.
En la cuarta parte, se recopilan “Conclusiones y propuestas para el desarrollo de la infraestructura de vías terciarias", resaltando que tienen un efecto positivo en actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la piscicultura (seguridad alimentaria), la silvicultura, el turismo, la extracción de minerales, la educación rural, y las actividades deportivas y de recreación en áreas rurales.