Una mirada retrospectiva a los cambios normativos e institucionales del sistema de educación superior
en Colombia indica un gradiente positivo hacia una privatización creciente. Aunque esa tendencia es
paralela a la ampliación de la cobertura, el aumento de los programas y de las instituciones no estatales,
la mayor competencia no ha mejorado los indicadores de calidad y desempeño.
La introducción de esquemas de financiamiento de la demanda, como Ser Pilo Paga y Generación E, tuvo impacto
inmediato en algunos indicadores de equidad y acceso al sistema, pero no es claro que haya contribuido a mejorar
su calidad ni a reducir su segmentación. En la educación terciaria se mantiene un esquema dual compuesto por un
segmento de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas de alta calidad y uno de baja calidad
dirigido a sectores de bajos ingresos. Parafraseando a Orwell, podemos decir que “todos los diplomas son
iguales, pero existen unos diplomas más iguales que otros”.
Ese esquema reproduce una “desigualdad intergeneracional persistente”: los ingresos futuros de los hijos guardan
una alta correlación con los ingresos de sus padres (Tilly, 2000; Bowles y Gintis, 2002). Por ello, reconocer
que la educación superior es un derecho fundamental y extender la gratuidad a segmentos de bajos ingresos son
pasos en el camino correcto para combatirla, pero no son suficientes.
Milton Friedman y Rose Friedman no objetarían lo primero, pero sí lo segundo. De hecho, afirman:
Es deseable en el más alto grado que todo hombre o mujer joven, independientemente de la renta, situación social,
lugar de residencia o raza suyos o de sus padres, tenga oportunidad de acceder a la enseñanza superior; siempre
que él –o ella– esté dispuesto a pagarla en el momento o deducirla de la renta más elevada que la enseñanza le
permite obtener” (1980,
En otras palabras, ese derecho se lograría de manera eficiente con esquemas de mercado, como los créditos
contingentes al ingreso, el sistema de “váuchers” (vales) o impuestos al ingreso futuro de los graduados (Barr,
2014).
A este respecto cabe reseñar los contundentes resultados de un análisis detallado de la educación superior
privada con ánimo de lucro en Estados Unidos. El estudio encuentra que la expansión del sector corresponde, en
esencia, a entes educativos para segmentos de mayor edad, bajos ingresos, negros, hispanos y mujeres. Los
ingresos de esas entidades provienen de programas federales de ayuda financiera en forma de préstamos y
transferencias directas. En el período 2008- 2009 estas fuentes representaron el 74% de sus ingresos totales.
Sin embargo, sus estudiantes y graduados tienen las mayores tasas de deuda e incumplimiento en el pago de los
créditos, sufren las mayores tasas de deserción escolar y de desempleo, y pagan matrículas netas más altas que
los de las IES públicas y privadas sin ánimo de lucro (Deming et al., 2012). Estos resultados arrojan sombras
innegables sobre los vales y los créditos contingentes como mecanismos de costo fiscal neutro para financiar el
acceso a la educación superior y promover su calidad. Vale la pena recordar que, desde un punto de vista
estrictamente económico, la educación superior se puede considerar un “bien común”, es decir, un bien rival pero
no excluible.
Por ello es necesario entender las características del proceso social de reproducción de la educación superior.
Un objetivo de este breve artículo es develar dicha ontología. Otro es establecer lineamientos para una
epistemología de la reforma de educación superior que oriente las intervenciones dirigidas a cerrar brechas y
reducir la desigualdad persistente. Además, discute sobre aspectos de las dos leyes que definen la dinámica de
la educación superior en el país: la Ley de Malthus y la Ley de Gresham: “todos los indicadores del sistema de
universidades estatales crecen a una tasa geométrica, pero los recursos de financiamiento del Estado lo hacen a
una tasa aritmética” y “las universidades privadas de baja calidad y de bajo costo desplazan a las universidades
de buena calidad y alto costo del Sistema de Universidades Estatal”, respectivamente (Moreno, 2023).