Entre el 6 de mayo y el 6 de junio de 2017, el principal puerto sobre el Pacífico vivió intensas protestas, motivadas por las múltiples problemáticas que han aquejado históricamente a este territorio. Los detonantes principales fueron los siguientes: la escasez de agua potable, pues, pese a que el territorio tiene once cuencas hidrográficas, el 70 % de la población cuenta con un servicio restringido e intermitente del líquido; la corrupción y malversación de fondos, que provocó un estancamiento en sectores como la educación e infraestructura; el alto nivel de desempleo, y la violencia (UTL, 2017). Por ello, se originó la justa movilización social como base de una lucha por la reivindicación y reconocimiento de derechos a favor del bienestar general de la comunidad bonaverense.
De manera que, como medida a la repuesta de las movilizaciones sociales, el Gobierno nacional, a través de la Ley 1872 de 2017, estableció la creación de FonBuenavenutra, que tiene por objeto instaurar medidas que permitan el desarrollo integral del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura con el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) (CNRC, 2017). Aún con la creación del Fondo, seguían persistiendo las brechas económicas y sociales a pesar de su localización estratégica por ser el principal nodo comercial del país, y de poseer atributos culturales y ecosistémicos de una región privilegiada de potencialidades.
Para el año 2018 (un año después de la creación) en el municipio de Buenaventura se registraba un índice pobreza multidimensional (IPM) de 41 %, mientras que el del total del Valle del Cauca era del 16,35 %, tasa que muestra la profundas diferencias que hay dentro del mismo departamento. Para septiembre de 2022, la cobertura de acueducto respecto al total nacional era del 74,5 y del departamento del Valle del Cauca era del 76,6 %; sin embargo, para Buenaventura la cobertura de este servicio vital era del 72,8 %, presentando un leve rezago1.
Por otra parte, en otro escenario similar, para el departamento de Chocó, la protesta social ha sido el instrumento que los habitantes del Chocó han encontrado para hacer ver a la Administración nacional el estado de abandono a que se ven expuestos por la falta de acceso a servicios en todos los sentidos, incluyendo la seguridad y convivencia. En 1987, los chocoanos salieron a las calles a protestar por la falta de servicios de salud, la ausencia de centros educativos, la inexistencia de vías de acceso, entre otras carencias (Palacios, 2016). Para mediados de la década de 2010 la situación no había cambiado mucho para los habitantes de una de las zonas más biodiversas del país; y en 2016 se concretó otro paro cívico que desembocó en un pliego de compromisos que comprenden la reparación y construcción de vías, la construcción de hospital de tercer nivel, la mejora de la interconexión eléctrica, deportes, cultura, saneamiento básico, derechos humanos, política pública y fortalecimiento institucional. Sin embargo, la implementación de los acuerdos logrados ha sido lenta, lo que ha provocado nuevos paros reclamando el cumplimiento de las demandas (Infoabe, 2016; Semana, 2016).
No obstante, la concertación de la hoja de ruta con el Comité del Paro Cívico del Chocó y pese al avance de algunos logros que buscan dar cumplimiento a las demandas, la situación sigue siendo apremiante para los habitantes de esta zona del país. El departamento de Chocó para la época del Paro Cívico 2016 el índice de pobreza monetaria estaba por encima del 59% y el de pobreza extrema estaba por el orden del 34,7 %; en comparación Colombia presentaba un 28% en pobreza monetaria y un 8,5 % en pobreza extrema, índices que demuestran la gran brecha del departamento frente al total del país.2
Para 2023, con la nueva metodología DANE, en el departamento del Chocó la incidencia de la pobreza monetaria es del 63 % y de pobreza extrema es del 30,4 %, mientras que para el total país la incidencia de la pobreza monetaria es del 39,3 % y de la pobreza extrema es del 12,2 %. Lo anterior pone, en años recientes, de nuevo en evidencia la distancia que tienen los chocoanos en cuanto a sus ingresos con respecto al resto del país3. Esta situación también se ve reflejada de manera más tangible en el acceso a los servicios públicos, mientras que la cobertura de acueducto para el total nacional en 2016 era del 70,87 %, en Chocó era del 44,13 %. En 2022, se observan esfuerzos para el departamento y aumenta su cobertura a más del 57 %; mientras que para el total país esta aumenta al 74 %4 en ese mismo año.
Por estas razones, en el Gobierno del cambio las organizaciones sociales son el actor más relevante en la construcción de políticas públicas en la orientación de esfuerzos para reducir las brechas sociales y económicas de los territorios excluidos. Por ello, el Departamento Nacional de Planeación, bajo el liderazgo del director general, Alexander López, adelantó una estrategia de plan de choqué que busca dar cumplimiento a los acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura y Chocó, como parte integral de la reivindicación de una identidad colectiva mediante la construcción de tejido social y garantía de derechos.
El diálogo fue el instrumento de consenso entre el Estado y la sociedad. Su carácter incluyente eliminó fronteras en los territorios, promovió la diversidad, reconoció los saberes ancestrales de los pueblos étnicos, en un trabajo exhaustivo en la consolidación de una hoja ruta de priorización de proyectos que respondan a las principales demandas del Comité Cívico de Buenaventura y Chocó. De esta manera, la estrategia de plan de choque inició en junio de 2024, como una medida de transformación territorial como respuesta a los decretos que habilitan la conformación de los comités. Por un lado, el Decreto 1812 de 2017 (PRC y MinInterior, 2017) que conformó el Comité Cívico para Vivir con Dignidad y Paz en el Distrito de Buenaventura; del mismo modo, el Decreto 766 de 2018 (PRC y MinInterior, 2018) que conforma el Comité Cívico de Chocó, cuya finalidad es resolver las demandas sociales históricas del departamento.
A fin de alcanzar un mayor alcance, el equipo técnico del DNP trabajó con el Comité Cívico del Paro de Buenaventura, y trazó una ruta crítica que, en medio de un ambiente de fraternidad y trabajo colectivo, se ocupó de definir una propuesta de “repriorización” compromisos de acuerdo con criterios sectoriales de inversión que le apunten al cierre de brechas. De manera que, en un trabajo horizontal con la organización social, se armonizó la inversión social a las siguientes líneas de intervención: construcción y ampliación de infraestructura educativa; obras prioritarias para reactivar el plan maestro de acueducto, mejoramiento y construcción de viviendas de interés social (rural y urbano), construcción de hospitales de 3.er y 4.to nivel, al igual que proyectos de reforma rural y transformación productiva.
Por otra parte, sobre los acuerdos con el Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, el Gobierno nacional, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, condujo dos jornadas de trabajo los días 12 y 13 de junio para establecer una hoja ruta de acción sectorial sobre los 37 acuerdos establecidos dentro de la estrategia de
plan de choque. Por ello, se priorizó la inversión en materia de infraestructura de transporte, salud, educación, paz y reconciliación que permita mejorar las condiciones de bienestar de un departamento con las mismas problemáticas de décadas atrás.
Conforme a ello, como medida de respuesta a la estrategia de plan de choque, el Departamento Nacional de Planeación se encuentra en la construcción del documento CONPES de la Política de Desarrollo Integral que se enmarca en el artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo (CNRC, 2023) y busca priorizar a una hoja de ruta de proyectos e intervenciones que responda al cumplimiento a los acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura y Chocó. Así pues, en esa ruta definida, bajo el liderazgo del director general, Alexander López, se implementaron mesas de concertación con los sectores en la definición de inversiones concretas que sean efectivas y adecuadas a las condiciones específicas de la comunidad y la región.
Lograr este objetivo implicó reconocer el profundo conocimiento que tienen las organizaciones sociales sobre su propio territorio en la construcción de esfuerzos conjuntos, con el objetivo de estrechar las brechas entre las regiones y las personas para materializar una transformación ambiental, social, económica y cultural que propicie acciones para la Paz Total.
1 Reporte de Estratificación y Cobertura (REC). Tomado de TerriData DNP.
2 Fuente DANE, tomado de TerriData-DNP.
3 Fuente DANE, tomado de TerriData-DNP.
4 Reporte de Estratificación y Cobertura (REC). Tomado de TerriData DNP.