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Tercera Cumbre Ministerial de Inclusión Social 2024: Repensando la inclusión productiva

27/11/2024 | Edición No. 16 - Noviembre 2024

Múltiples autores Aura María Quiroga, Humberto Cote Orozco  
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​​​​​​En 2022, Colombia asumió la copresidencia del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe (LACRP) hasta el año 2025. En el marco de este programa, el país se comprometió a ser anfitrión de una Reunión Ministerial de Inclusión Social, que se llevó a cabo en Bogotá en octubre de 2024, y fue coorganizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Misión Permanente de Colombia ante la Organización Cooperación Desarrollo Económico (OCDE).   

El Programa Regional de la OCDE fue creado en 2016 como respuesta a la creciente demanda de participación de los países de la región en la Organización, y se centra en tres prioridades clave: aumentar la productividad, mejorar la inclusión social y garantizar la sostenibilidad ambiental.

Desde su creación, el Programa Regional ha organizado anualmente cumbres ministeriales enfocadas en cada una de estas prioridades: productividad, inclusión social y gobernanza. El ciclo 2022-2025 se inició con la Cuarta Cumbre Ministerial sobre Productividad, celebrada en Brasilia en junio de 2022, seguida de la Primera Cumbre Ministerial sobre Sostenibilidad Ambiental en Costa Rica en octubre de 2023. Esta trayectoria continúa con la Tercera Cumbre Ministerial sobre Inclusión Social en Colombia en 2024, y está prevista la Tercera Cumbre Ministerial sobre Gobernanza en Paraguay en 2025.

La Tercera Cumbre Ministerial de LACRP sobre Inclusión Social tuvo como objetivo convertirse en un hito clave en los esfuerzos regionales orientados a romper el ciclo vicioso de la pobreza, la informalidad y los sistemas de protección social incompletos. Este evento representó una plataforma fundamental para discutir y abordar los desafíos estructurales que enfrenta la región; particularmente, en lo que respecta a la inclusión social, la educación y la movilidad social y el fortalecimiento de la economía popular.

La Cumbre sirvió como plataforma para compartir experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre la promoción de la inclusión social en la economía popular, así como para comprender la heterogeneidad subyacente e identificar nuevas oportunidades para avanzar en este sector, promoviendo así un desarrollo equitativo y sostenible en la región. Para Colombia, esta cumbre permitió exponer debates del Sur Global que requieren atención urgente debido a las condiciones de pobreza, marginalidad, desempleo y desigualdad económica que enfrenta el país.

En este contexto, la Cumbre tuvo como objetivo romper el ciclo vicioso de la pobreza y la informalidad, posicionando la economía popular como un eje central en el debate regional.

El principal objetivo de la Tercera Cumbre Ministerial de Inclusión Social es fomentar el diálogo y la colaboración entre países de la región para abordar los desafíos compartidos en términos de inclusión social, movilidad económica y formalización laboral. A través de esta cumbre, se busca compartir experiencias y mejores prácticas relacionadas con la economía popular, la protección social y el acceso a educación y habilidades. Además, se pretende desarrollar un marco conceptual que permita identificar y promover estrategias efectivas para avanzar hacia una mayor inclusión social; en especial, para grupos sensibles como mujeres, jóvenes, migrantes y poblaciones vulnerables en general. Por último, la Cumbre aspira a establecer compromisos concretos que guíen la acción futura en áreas clave como la formalización del empleo y la creación de oportunidades en la economía popular.

Desarrollo de la Cumbre

La Tercera Cumbre Ministerial de Inclusión Social desarrolló una estructura que incluyó cuatro sesiones públicas, tres sesiones ministeriales y 10 eventos paralelos llevados a cabo durante la semana del 21 al 25 de octubre, por las siguientes entidades: el Departamento Nacional de Planeación, organizaciones internacionales, agencias de cooperación, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El evento reunió a ministros de la Región y a altos funcionarios de la OCDE y de América Latina y el Caribe, la Unión Europea, así como a representantes de organizaciones y regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entre otros, el sector privado y la sociedad civil. Con presencia de las instituciones e instancias mencionados, se creó un espacio propicio para el diálogo sobre los desafíos y oportunidades en el ámbito de la inclusión social.

La Cumbre se inauguró con la presencia de Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, y Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Los temas se analizaron mediante cuatro paneles públicos, los cuales se describen a continuación.

El primer panel, titulado Inclusión social y de género como parte de la solución, los expertos hicieron hincapié en la igualdad de género y la inclusión social como motores para el desarrollo sostenible en la región. Se resaltó la trascendencia de tener un enfoque integral que utilice datos desagregados por género para medir el progreso y formular políticas efectivas. También se enfatizó la importancia de aumentar la representación de mujeres en carreras STEM, de establecer políticas de cuidado que promuevan una mayor equidad en el ámbito laboral y de desafiar los estereotipos de género desde la infancia. Los expertos coincidieron en la trascendencia de aplicar un enfoque interseccional que tenga en cuenta el modo como el género interactúa con otras desigualdades, y que busque empoderar a las mujeres económicamente para ayudar a romper los ciclos de pobreza.

El segundo panel llamado Impulsando la movilidad social a través de la educación y las habilidades centró su discusión en lo vital de fortalecer la calidad educativa y la formación técnica para mejorar las oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes. Aunque se han hecho avances en el acceso a la educación, persisten profundas desigualdades en la calidad de la educación, lo que limita las oportunidades de desarrollo para poblaciones desfavorecidas. Se enfatizó la importancia de atraer a docentes calificados y construir trayectorias educativas enfocadas en las necesidades de los niños en situación de vulnerabilidad. Además, los recientes resultados del estudio PISA en la región revelan diferencias marcadas en el rendimiento de los alumnos, lo que resalta la urgencia de reformas educativas que aborden estas desigualdades. A pesar de los esfuerzos de varios países, aún hay que hacer más para garantizar acceso a educación de calidad para las poblaciones más vulnerables.

En el tercer panel, titulado Formalización y la economía popular, se reconoció que mejorar la calidad del empleo y promover la formalización son esenciales para el bienestar de los trabajadores en América Latina y el Caribe. Reconocer el rol de la economía popular facilita colaboraciones innovadoras entre el Estado y asociaciones de pequeña escala, especialmente a través de alianzas público-populares. Con más del 40 % de los hogares en la región dependiendo del empleo informal, es fundamental comprender sus características socioeconómicas y su contribución. Se discutió que la economía popular puede asumir un papel clave en la provisión de bienes y servicios mediante compras públicas, empoderando a los trabajadores informales y abordando problemas como la inestabilidad de ingresos y la falta de protección social. La OCDE destacó la necesidad de abordar la informalidad en términos de ingresos y protección laboral, promoviendo colaboraciones público-privadas para facilitar el crecimiento y la inclusión de este sector.

Finalmente, el cuarto panel, Empleos de calidad para la mayor generación juvenil aprovechando las transiciones digital y verde, se centró en la importancia de la participación de los jóvenes en el mercado laboral, no solo para su bienestar, sino también para el crecimiento económico y la cohesión social en América Latina y el Caribe. Para apoyar su desarrollo se requiere implementar políticas que aborden la cualificación, el empleo y el desarrollo social, brindando oportunidades y fortaleciendo su confianza en el futuro. Sin embargo, los jóvenes enfrentan barreras significativas, como las de acceso limitado a tecnología, baja alfabetización digital y prevalencia de economías de baja escala. Esto subraya lo imperativo dar un enfoque multidimensional que integre la educación, el acceso tecnológico y el desarrollo de habilidades. Durante el panel, se destacaron como ejemplos exitosos que alinean la formación con las demandas del mercado laboral los programas de aprendizaje como JobStart+ en Barbados y American Climate Corps en Estados Unidos. Así mismo, se enfatizó la importancia de la organización y negociación colectiva para garantizar empleos de calidad en sectores emergentes, entre ellos, la economía verde y digital.

Además de los paneles públicos, hubo tres sesiones ministeriales cerradas en las que representantes de países de América Latina y el Caribe (ALC) y de la OCDE, así como organizaciones internacionales, discutieron y compartieron experiencias en políticas públicas. Tales sesiones permitieron un intercambio de ideas y prácticas exitosas entre los países participantes, sentando las bases para futuras colaboraciones y compromisos en la región.

En la primera sesión ministerial, “Abordando las barreras a la movilidad social: Educación y habilidades, género y migración", se discutió ampliamente cómo la educación es un motor clave para promover la inclusión social y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza; sin embargo, persisten grandes disparidades en el acceso y la calidad de la educación, sobre todo en las zonas más empobrecidas. Los participantes destacaron que, a pesar de los avances en el acceso a la educación, las desigualdades en su calidad persisten, de forma más marcada en las poblaciones más desfavorecidas. Para responder a estas situaciones se propusieron acciones concretas, como el fortalecimiento de la educación infantil y la mejora de los sistemas de formación técnica y profesional.

Igualmente, se discutió la trascendencia de articular la educación con los requisitos del mercado laboral, subrayando en el alcance de desarrollar habilidades que permitan a los jóvenes insertarse en opciones laborales en transformación. En este contexto, se resaltó el peso de los programas de formación técnico-vocacional y la implementación de estrategias para conectar la educación con sectores productivos emergentes, como la economía verde y digital, ámbito en el que el SENA en Colombia tiene un papel fundamental. También se expusieron iniciativas de otros países; por ejemplo, Chile destacó la colaboración regional en la certificación de competencias laborales para empleos verdes, mientras que República Dominicana enfatizó la inversión en tecnología educativa para mejorar la calidad en el primer ciclo de primaria y secundaria. Costa Rica presentó su Estrategia Nacional de Talento Humano para vincular la formación con las demandas del mercado laboral, en tanto Perú subrayó la necesidad de alinear la oferta formativa con los requisitos laborales a través de programas como Jóvenes Productivos.

La segunda sesión ministerial, titulada Empoderando a las comunidades locales y a la economía popular: Herramientas innovadoras y nuevos enfoques, examinó la forma como la economía social, solidaria y popular puede ser clave para integrar a los sectores más desatendidos y vulnerables. Se subrayó lo significativo de la inclusión financiera y del acceso al crédito, al igual que de lo urgente que es fomentar alianzas entre el sector público y la economía popular para mejorar los resultados en empleo y protección social. Se resaltó el papel fundamental de la economía popular en la región, se discutieron las políticas fundamentales para fomentar su formalización, mejorar el acceso al crédito y optimizar la capacitación técnica. También se enfatizó el valor de integrar la economía popular en las estructuras económicas nacionales y de utilizar herramientas como la contratación pública para empoderar a las comunidades locales.

Se abordó el modo de implementar políticas de fortalecimiento productivo y acceso al crédito, señalando la ventaja de desarrollar mecanismos que conecten a la economía popular con empresas de mayor tamaño, así se garantizan encadenamientos productivos, la transferencia de capacidades, el aprendizaje y el aumento de la productividad. En el mismo sentido, se destacó la relevancia de contar con mecanismos financieros adaptados a las realidades de los sectores, como créditos comunitarios y asociativos, que ofrezcan mayor flexibilidad y acceso a financiamiento para pequeñas empresas y emprendedores. Finalmente, se hizo un llamado a contabilizar el aporte de la economía popular en el producto interno bruto (PIB), ya que el sector representa una parte significativa de las economías de muchos países de la OCDE.

En la tercera sesión ministerial, Invirtiendo en protección social: Mejorando la formalización y logrando cobertura universal, se discutió la urgencia de reformar los sistemas de protección social para incluir a los trabajadores informales y garantizar su acceso integral, independientemente de su relación laboral formal. A lo largo de la Cumbre, varios países compartieron enfoques y experiencias en la mejora de la protección social.

Se abordó, por ejemplo, el caso de Marruecos, país que ha implementado un plan integral dirigido por el Rey Mohammed VI. El plan garantiza derechos básicos como salud y educación a las familias más vulnerables, incluidas iniciativas específicas para mujeres y personas con discapacidad. El enfoque inclusivo y sostenible del Programa JISM se presentó como un modelo​ para asegurar el empoderamiento social de todos los grupos de la población.

En el contexto colombiano, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) resaltó la transición que se está llevando a cabo de pasar de políticas de transferencias monetarias hacia proyectos productivos, con el objetivo de reducir la pobreza multidimensional mediante el fomento de emprendimientos autosostenibles.

Por último, en diálogo versó en fortalecer los programas de protección social en el nivel local, donde surge como aspecto trascendental la relevancia de trabajar con gobiernos locales y comunidades para cerrar brechas de desigualdad, centrada no solo en las zonas rurales, sino también entre los grupos poblacionales de jóvenes y adultos mayores. Como complemento, se mencionaron ejemplos exitosos de colaboración local, como los programas de empoderamiento comunitario en Brasil y Costa Rica.

Conclusiones

La Tercera Cumbre Ministerial de Inclusión Social ha sido un hito significativo en el avance de las políticas de inclusión en América Latina y el Caribe. A lo largo de las discusiones, quedó claro que la economía popular juega un papel central en la lucha contra la pobreza y la informalidad, y que es necesario fortalecerla a través de políticas públicas adecuadas. Se identificaron medidas concretas para mejorar su formalización y el aumento de la calidad del empleo que genera, resaltando la importancia de la inclusión financiera, el acceso a la educación y la capacitación técnica.

En general los expertos y representantes de diversos países hicieron hincapié en la necesidad de abordar las barreras que enfrentan los jóvenes en el mercado laboral, promoviendo su inclusión mediante políticas integrales que fomenten el desarrollo de habilidades y la adaptación a las nuevas demandas del mercado. Además, quedó en claro que la colaboración entre el sector público y la economía popular se reconoce como eje fundamental para crear un entorno que favorezca el crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Las discusiones en las sesiones ministeriales reflejaron un consenso sobre la urgencia de implementar reformas en los sistemas de protección social, asegurando que todos los trabajadores, independientemente de su estatus formal, tengan acceso a una red de seguridad social que les brinde protección ante riesgos económicos y laborales.

La Cumbre Ministerial de Inclusión Social ha demostrado ser un espacio valioso para el diálogo y la colaboración entre los países de la región y sus socios internacionales. Al abordar los desafíos persistentes de la inclusión social, la informalidad y la movilidad social, se ha sentado una base sólida para avanzar en la agenda de políticas necesarias para un desarrollo más equitativo y sostenible en América Latina y el Caribe.

En este contexto, Colombia presentó varias apuestas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en torno a la temática de la Cumbre, las cuales buscan mejorar las condiciones de vida y la productividad de las unidades de la economía popular. Uno de los principales avances es la creación y reglamentación del Consejo Nacional de la Economía Popular, que trabajará en áreas clave como el fomento asociativo, acceso al crédito y la construcción de infraestructuras, además de la puesta en marcha del Sistema de Información Estadístico para la Economía Popular, que fortalecerá la toma de decisiones basada en datos para el desarrollo de este sector.

Así mismo, el PND contempla la implementación de asociaciones público-populares (APPo) que permitirá a las entidades estatales contratar con unidades de la economía popular para la ejecución de proyectos comunitarios y productivos locales, lo que incentivará el desarrollo económico y social en las regiones. Las AIPP (Asociaciones de Iniciativa Público Popular) permitirán que los instrumentos comunitarios se integren a los proyectos nacionales, fortaleciendo la cooperación en territorios históricamente excluidos. Estas medidas, combinadas con políticas de inclusión financiera y herramientas como las líneas de crédito CREO, continúan avanzando en el acceso a recursos para fortalecer las capacidades productivas de este sector clave para la inclusión social en el país.​

Referencias bibliográficas

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (2024). Repensando la inclusión productiva: Conclusiones. https://www.oecd-events.org/lac-social-inclusion/es/content/conclusions

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (2024). Repensando la inclusión productiva: Cuestiones clave. https://www.oecd-events.org/lac-social-inclusion/es/content/background-papers

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (2024). Repensando la inclusión productiva: Documentos y publicaciones. https://www.oecd-events.org/lac-social-inclusion/es/content/documents

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (2024). Repensando la inclusión productiva: Informes. https://www.oecd-events.org/lac-social-inclusion/es/content/policy-briefs

Palabras clave

Educación; habilidades; economía popular; Desarrollo Sostenible; Desigualdad; Protección Social; OCDE; Igualdad de Género; Inclusión Social; Movilidad social; Informalidad; Juventud

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