Introducción
El reconocimiento de la justicia propia indígena en la Constitución colombiana de 1991 (artículo 246) permitió que las comunidades originarias ejercieran sus sistemas jurídicos “siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes”. Sin embargo, tres décadas después esa apertura se enfrenta a la persistencia de una justicia estatal uniforme y a la falta de recursos para los sistemas propios. El proyecto de ley de coordinación jurisdiccional, discutido actualmente en el Congreso, busca concretar las formas de articulación entre el sistema judicial ordinario y la justicia propia indígena. Su génesis ha sido participativa, con consultas previas y acuerdos con organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Para que esta ley sea viable se requiere una metodología presupuestal que respete tanto la normativa fiscal como la pluralidad epistémica de las comunidades. Boaventura de Sousa Santos (2007) propone superar la línea abismal que separa el conocimiento occidental de los saberes “subalternos” y plantea una ecología de saberes en la que distintos sistemas de conocimiento coexisten y se enriquecen mutuamente. Incorporar este enfoque implica reconocer que los beneficios de la justicia propia son en gran medida intangibles: incluyen la reparación simbólica, la preservación de prácticas culturales, la prevención de conflictos y la creación de confianza. A la vez, la sociología de las ausencias y emergencias, también formulada por de Sousa Santos, señala cómo la modernidad invisibiliza alternativas (ausencias) y cómo pueden surgir nuevas posibilidades (emergencias) cuando se visibilizan esos saberes.
Por tanto, la presente investigación diseña una metodología para revisar el presupuesto del proyecto de ley de coordinación jurisdiccional que combine rigores contables con sensibilidad intercultural. El objetivo general consiste en determinar si el presupuesto disponible garantizaría la implementación y sostenibilidad de la ley estatutaria de coordinación jurisdiccional sin comprometer la calidad del gasto, ni el respeto por las justicias otras.
Para ello, se actualizan a valor presente neto de 2025 los costos estimados por el CRIC en el 2022 (MinJusticia, 2025) para sus procesos y rituales de justicias propias, utilizando la tasa social de descuento y la corrección mediante factores de precios sombra estipulados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2022, 2023). Se calcula un costo per cápita y se extrapola a la población indígena en resguardo. Finalmente, se proyecta el costo total a diez años diferenciando infraestructura y funcionamiento. La siguiente sección expone el marco teórico y la metodología detallada, la tercera sección presenta los resultados y su discusión, y la última sección ofrece las conclusiones y recomendaciones para las políticas públicas.