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el contexto colombiano, la comprensión de la exclusión estructural exige una lectura multidimensional que dé cuenta de las barreras históricas, sociales, culturales, institucionales y territoriales que afectan a poblaciones específicas. La Guajira representa un caso paradigmático en este sentido, al concentrar condiciones persistentes de desigualdad agravadas por una débil articulación estatal, una baja inversión pública eficiente y un desconocimiento de los sistemas organizativos propios del territorio (DNP, 2023). Esta realidad hace necesario acudir a marcos conceptuales que permitan una interpretación más profunda y situada de la exclusión y de las posibilidades de transformación social.
Desde esta perspectiva, el enfoque interseccional permite identificar cómo las distintas formas de opresión, basadas en la edad, el origen étnico, el género, el territorio, la clase social y la pertenencia cultural, se entrecruzan, configurando experiencias diferenciadas de exclusión. En el caso de las juventudes indígenas de La Guajira, estas condiciones se acumulan y reproducen en múltiples dimensiones: limitaciones en el acceso a servicios básicos, escasa cobertura educativa, desempleo juvenil, criminalización de sus expresiones culturales, y una participación política reducida a escenarios simbólicos o consultivos (Corte Constitucional, 2017; Alcaldía Distrital de Riohacha, 2018).
Complementariamente, el enfoque diferencial busca responder a esa heterogeneidad social mediante políticas públicas que reconozcan las particularidades de cada grupo poblacional, garantizando la inclusión efectiva de sus voces, saberes y trayectorias. En palabras de Pérez (2019), la participación juvenil en territorios indígenas no puede medirse únicamente por su presencia en estructuras formales, sino por su capacidad real de incidir en las decisiones que afectan su vida, su entorno y su cultura. Así, se propone avanzar de un modelo asistencial a un modelo de corresponsabilidad pública, donde las juventudes sean interlocutoras legítimas en la construcción de lo común.
Ambos enfoques coinciden en señalar que el diseño y la implementación de políticas públicas deben partir del reconocimiento de los saberes territoriales, las formas propias de gobernanza y los liderazgos emergentes -especialmente juveniles- que hoy ocupan un lugar central en la organización de las comunidades. En este sentido, las políticas que no dialogan con las formas de vida del pueblo Wayúu corren el riesgo de perpetuar la desconfianza y la ineficacia institucional, como lo han demostrado numerosos fallos judiciales y estudios técnicos (Criollo et al., 2023).
La Sentencia T-302 de 2017, al declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira, aporta un marco normativo clave para interpretar las desigualdades estructurales desde una lógica relacional. En ella se exige al Estado garantizar el respeto por la autodeterminación del pueblo Wayúu y articular sus acciones con los saberes ancestrales, en especial mediante una perspectiva territorial e intergeneracional. Esta exigencia plantea la necesidad de repensar los vínculos entre juventud, institucionalidad y transformación territorial.
En resumen, la integración del enfoque interseccional y diferencial en el análisis de la exclusión juvenil permite superar visiones homogéneas y asistencialistas de la política pública. En su lugar, invita a construir marcos de acción más humanos, situados y participativos, donde los jóvenes no sean vistos como beneficiarios pasivos, sino como actores fundamentales en la construcción de un nuevo pacto social y territorial en La Guajira.
En medio de diversos contextos de desprotección social que promueven el fortalecimiento de desigualdades estructurales en territorios históricamente excluidos como La Guajira, donde el Estado no ha tenido una intervención que mejore sustancialmente las condiciones de vida de las comunidades, se declara La Guajira como “Estado de emergencia" (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2023, p. 03). La importancia de transformar la estructura productiva e institucional para generar estrategias efectivas que logren responder eficientemente a las necesidades sociales, económicas, medioambientales y políticas del territorio, se vuelve indispensable como consecuencia del grave deterioro en las condiciones de vida.
Esto se ve reflejado en La Guajira con una tasa de mortalidad infantil del 28,3 por cada mil nacidos vivos, aunado al déficit en acceso a servicios básicos, como acceso a agua potable, que afecta al 70% de la población; solo el 42% tiene acceso a servicios de salud adecuados, la informalidad en la propiedad de la tierra persiste, y la educación media y superior alcanzan solo al 35% de los jóvenes (DNP, 2023, p. 14). En este contexto las comunidades indígenas, especialmente niños y adolescentes, son las más vulnerables ante estas crisis estructurales según el mismo informe del DNP, 2023. Aunado a lo anterior, La Guajira enfrenta una importante crisis de inseguridad alimentaria “la baja disponibilidad de alimentos es la dimensión más crítica en los municipios de Manaure y Uribia, lo cual se debe a que, en esta zona de la alta Guajira, hay una baja producción agropecuaria" (DNP, 2023, p. 21).
Todo lo anterior ha puesto en evidencia que existe una crisis de gobernabilidad en la Guajira, ya que se ha identificado los ejes de atención de las diversas problemáticas, se han implementado estrategias para enfrentar sus impactos, pero no sé ha logrado reducir en mayor medida los índices de desprotección social y desigualdad. En la revisión detallada de este fenómeno se ha identificado que son pocos los casos en los cuales las administraciones locales, especialmente las alcaldías, han impuesto como autoridades indígenas a personas alineadas con sus intereses políticos, sin tener en cuenta si realmente son reconocidas por sus comunidades ni respetar los procesos tradicionales de elección (DNP, 2023, p. 07). La falta de legitimidad por parte de la población que habita el territorio de la Guajira, de las autoridades que figuran en los registros oficiales directamente asociadas a la administración estatal central, es el resultado del desconocimiento total de estas asignaciones sobre las usos y costumbres de dicha población.
En este contexto se hace indispensable reconstruir los vínculos entre los actores estatales y la comunidad, reconociendo los nuevos liderazgos que surgen como parte de la apropiación cultural de las distintas comunidades en territorios apartados de los sistemas centrales de administración estatal (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2023, p. 07). En medio de las dinámicas de interacción social se gestan mecanismos, medios de regulación y figuras de decisión propios, que hacen parte de la organización social orientada a preservar la vida en comunidad.
Se hace evidente que una proyección de políticas sin participación local genera acciones desarticuladas y de bajo impacto frente a las diversas problemáticas del territorio. A partir de ello, se vuelve necesario fortalecer las estrategias, proyectos, actividades y acciones desde un enfoque territorial, diferencial e interseccional (DANE, s.f., párr. 1), que permita identificar a los actores no gubernamentales que ejercen diversos liderazgos al interior de las comunidades y que deben ocupar un lugar central en la construcción de soluciones colectivas. Desde esta premisa, se reconoce entre los más importantes a las juventudes, entendiendo que ellas permiten la transferencia generacional de conocimientos sobre los modos de vida en comunidad y sus formas de organización, saberes que han sido trasmitidos de abuelos a padres, y de padres a hijos, definiendo a los jóvenes como sujetos centrales del proceso de reconstrucción del tejido social.
La juventud, que está constantemente expuesta a los efectos de las crisis en La Guajira (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2023, p. 11), no puede seguir siendo vista como un grupo pasivo o únicamente beneficiario. Debe ser reconocida como un actor estratégico en los procesos de transformación del Estado. En este marco, la Sentencia T-302 de 2017 no solo representa un mandato judicial, sino también un punto de partida para repensar los mecanismos de fortalecimiento y promoción de la participación política en territorios históricamente ignorados por la acción estatal sin arraigo local. En esta misma línea, la persuasión política como mecanismo para incentivar la participación ciudadana en los procesos de decisión, es una herramienta que conduce al fortalecimiento de los procesos de inclusión de los jóvenes a los procesos de toma de decisión (Sua, Ávila, & Cruz Herrera, 2023, p. 1).