El objetivo de la Conferencia de las Partes (COP16), que se llevará a cabo entre el 21 de octubre y el 1.º de noviembre del 2024 en Cali (Colombia), es que los Gobiernos revisen el estado de la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por 196 países durante la COP15 celebrada en 2022, donde se comprometieron a establecer metas, estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad.
El
Marco Mundial de Biodiversidad lleva el nombre de dos ciudades:
Kunming, que estaba prevista como la ciudad anfitriona de la COP15 en 2020, pero se pospuso debido a las restricciones de China al inicio pandemia, y Montreal, que asumió la función de anfitriona para su celebración.
La COP16 en Colombia será un encuentro determinante para reconocer al país como potencia mundial de la vida, y continuar el posicionamiento del Gobierno Nacional como líder mundial en la conservación de la naturaleza y su articulación con la agenda climática global.
También reconocerá a Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, como líder en la generación de unidad latinoamericana para impulsar transformaciones de fondo que sustenten el tránsito hacia una economía productiva, basada en el respeto a la naturaleza, dejando atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista, para superar la crisis ambiental global que pone en riesgo la vida humana. En este panorama, el acceso al financiamiento por parte de los diferentes sectores del desarrollo y de las economías locales debe ser un compromiso y un logro que se materializará en la COP16, pues sin recursos financieros no será posible cumplir los compromisos.
Por ello, el presente artículo se estructura en tres secciones. La primera sección describe los flujos de financiamiento en clima y biodiversidad en el ámbito mundial y, a partir de este análisis, brinda un contexto del entorno colombiano en el marco de la COP, en especial por la necesidad de recursos financieros para avanzar hacia una transformación productiva y sostenible. La segunda sección presenta los tres facilitadores que el Departamento Nacional de Planeación pone a disposición, en términos de gobernanza, financiación y transparencia, y que se conciben como factores determinantes para fijar una mayor ambición en la agenda ambiental del país. La tercera sección identifica retos y oportunidades de cara a las negociaciones que se llevarán a cabo en la COP16.
1. Tendencias de la lucha contra la pérdida de la biodiversidad y el clima en el mundo y en Colombia
En esta sección se hace un análisis del estado de las finanzas en el ámbito mundial en términos de la gestión del cambio climático y la gestión de la biodiversidad, teniendo en cuenta la importancia de identificar tendencias que ilustran cómo fluyen los recursos en el mundo, para posteriormente dimensionar cómo estamos en Colombia de cara a las discusiones en la COP16.
Además, se hace una descripción de la oportunidad del país para transitar hacia una transformación productiva basada en la economía de la biodiversidad, considerando que una transformación productiva debe estar precedida por una transformación financiera. Es decir, para que Colombia pueda transitar hacia una economía de biodiversidad se requiere de una movilización decidida de recursos de financiamiento en todos niveles:
1.1 Movilización del financiamiento en clima y biodiversidad
La sociedad actual enfrenta tres grandes crisis: cambio climático, pérdida de biodiversidad, y crisis del agua, y si bien desde hace ya varias décadas la conciencia global en torno a los compromisos ambientales y el bienestar humano ha sido amplia,
la brecha de financiamiento y los niveles de ejecución de compromisos no responden a la urgencia de estas crisis.
El reto, complejo en sí, aumenta porque la ambición de los países es grande. Ciertamente hay un avance mundial, pues hace 15 o 20 años apenas si se tenían estas conversaciones de manera explícita, y ni el mismo sistema financiero internacional, ni el Foro Económico Mundial reconocían que el agua, el clima y la pérdida de los ecosistemas serían los principales condicionantes de los riesgos globales de las próximas décadas.
No obstante, y aunque se han aceptado estas realidades, todavía no se logra que los flujos financieros se dirijan de forma más efectiva a atender las necesidades para reducir las emisiones de gases efecto invernadero, ni a adaptarse al cambio climático y, menos aún, a fomentar una relación positiva con la biodiversidad.
Por ejemplo, para los compromisos adquiridos en 2015 para la Agenda de Desarrollo Sostenible se identificaba un requerimiento económico de USD 2,5 billones; sin embargo, las necesidades financieras para cumplir esta agenda han aumentado a los USD 4 billones para alcanzar sus metas a 2030 (UNCTAD, 2023). El aumento se debe principalmente a no haber hecho a tiempo las inversiones consideradas en el inicio y por las nuevas necesidades que han ido surgiendo, sobre todo, con la recuperación tras la pandemia de COVID-19.
Si se analiza un renglón del desarrollo sostenible de valor especial para Colombia como país megadiverso, se destaca que el capital natural y sus servicios ecosistémicos están desapareciendo a un ritmo muy acelerado, con consecuencias sin precedentes para las economías y para la actividad productiva, ya que el 50 % del PIB mundial depende de ese capital. A pesar de su trascendencia, en su protección solo se invierte el 0,12 % del PIB mundial, porcentaje que cubre cerca del 16 % de los recursos requeridos para los objetivos mundiales de conservación (The Nature Conservancy, 2020)
Esto deja un primer mensaje crítico: en materia de las agendas para la gestión integral de la biodiversidad, anteriores a la COP16, los países han definido muchas metas y pocos recursos para su cumplimiento.
En términos de movilización de recursos, se tiene que el flujo financiero climático representa el 1% del PIB mundial, y proviene en gran medida de países desarrollados, el 90% se concentra en acciones de mitigación en sectores de energía renovable y transporte de países como China, Estados Unidos, lo miembros de la Unión Europea, Brasil, Japón e India; y donde solo el 7,5% se destina en acciones de adaptación.
En lo relacionado con la biodiversidad, a escala mundial, las inversiones son cinco veces menores que lo que ocurre en la agenda climática, y se requiere de inversiones de 5 a 7 veces más que las actuales, para cerrar la brecha de financiamiento, al pasar de entre USD 124.000 - USD 143.000 de millones en 2019 a entre USD 598.000 - USD 824.000 de millones cada año hasta el 2030.
Los recursos de financiamiento provienen tanto de fuentes públicas como privadas, ahora bien, son los países que en uso de su autonomía deciden los montos y las prioridades de inversión, para lo cual pueden apoyarse en los instrumentos rectores de cada ámbito de actuación: en materia de cambio climático, se tienen las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), que los países presentan cada cinco años ante la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático (CMNUCC); y en cuanto a biodiversidad, se tienen las Estrategias y Planes Naciones de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), que igualmente cada país pone en conocimiento ante el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), para cumplir con las metas establecidas en el Marco Mundial Kunming-Montreal.
Figura
1. Flujos de financiamiento en biodiversidad y clima en el mundo
Fuente: elaboración propia, a partir de Climate Policy Initiative (2023) y Financing Nature: Closing the Global Biodiversity Financing Gap (2022).
Las necesidades de financiamiento, tanto en clima como en biodiversidad, están creciendo con más celeridad que los flujos, lo cual se constituye en una alerta con miras a cumplir los compromisos globales. Sin embargo, hay que entender que los recursos que se invierten en cambio climático contribuyen también a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad y viceversa. Es decir, no se trata de competir por la movilización de recursos, sino de entender que las inversiones son integrales y, en muchos casos, las prioridades climáticas para países como Colombia, deben permitir, desde ese enfoque integral, atender, al mismo tiempo, las prioridades causadas por la pérdida de biodiversidad y la protección de los servicios ecosistémicos.
Así pues, elegir Colombia para que fuera la sede de la COP16 de biodiversidad es un hito en el compromiso del país de consolidar el liderazgo regional en la promoción de una ambición mayor en los temas de la agenda ambiental global y la búsqueda de una financiación sostenible tanto para conservar como para tomar decisiones efectivas que fortalezcan las relaciones positivas entre la biodiversidad, el clima y las actividades productivas.
1.2 La economía de la naturaleza como motor de una transformación productiva sostenible en Colombia
En Colombia los bosques dominan el paisaje, con más de un 52% del territorio continental; a su vez, este capital natural se ve amenazado por uno de los problemas ambientales más complejo para el país: la deforestación, más si se tiene en cuenta que en los últimos 20 años se han deforestado más de 3 millones de hectáreas de bosque natural, principalmente en la Amazonía, Meta, Caquetá, Antioquia y Guaviare.
La deforestación en Colombia produce, en promedio, el 53 % de las emisiones de gases efecto invernadero, y produce, además, fragmentación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, alternación de los ciclos del agua y del suelo, circunstancias a la que se suman las implicaciones que tiene sobre las comunidades y sus medios de vida.
Para dar una respuesta efectiva a problemática planteada,
el país ha gestionado acciones territoriales que muestran resultados concretos al lograr la cifra de deforestación más baja de los últimos 23 años, con una reducción en 36%, al pasar de 123.517 hectáreas en 2022 a 79.256 hectáreas en 2023 (Ideam - MADS, 2024).
Esto se debe a que el Gobierno del Cambio trabaja en enfrentar las principales causas de la deforestación, como la praderización para acaparamiento de tierras, sistemas ganaderos no sostenibles, apertura vial no planificada, cultivos de uso ilícito, y minería y tala ilegal de bosques. Para ello, se implementan instrumentos como el Plan Integral de Contención a la Deforestación “Juntos para conservar la naturaleza que aún tenemos", así como alternativas de transformación productiva sostenible para las economías locales, e incentivos para las comunidades que se comprometen con la protección de los bosques.
La sostenibilidad de los territorios y dinámicas de las economías se vuelven fundamentales para la diversificación productiva, aprovechando el potencial del país que alberga 79.000 especies de fauna y flora (SIB, 2023), y que podrían abrir mercado nacional e internacional para bioproductos. Además, se tiene cerca de 59,4 millones de hectáreas para el manejo de bosque natural (Ideam, 2024) de las cuales se aprovecha cerca del 3,3%; a las cuales se adhiere un potencial de desarrollo de destinos de turismo de naturaleza gracias a las 49 millones de hectáreas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2024a) y que, junto a otros ecosistemas estratégicos, se convierten en uno de los mayores atractivos naturales del país, al punto que en 2023 hubo un aumento del 9,6% en el número de visitantes con respecto al año anterior (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2024b).
Desde el Gobierno del Cambio, la economía de la biodiversidad pasaría a representar un 0,8 % del PIB nacional de 2023, a aportar el 3 % del PIB en 2030, logro acompañado de la generación de 520.000 empleos que garanticen alternativas productivas sostenibles basadas en conocimiento e innovación tecnológica para generar valor agregado; esto, según los cálculos del Departamento Nacional de Planeación, forma parte de los compromisos que se estarán incluyendo en el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030 que será presentado en la COP16.
2. Facilitadores para avanzar en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, la acción climática y la transformación productiva sostenible
Para el Departamento Nacional de Planeación es prioritario, además de avanzar a una gestión integral de la biodiversidad y del clima, también impulsa una transformación productiva basada en la economía de la naturaleza en los territorios, y para ello se está trabajando en
tres tipos de facilitadores que interactúan dentro de la gestión pública: la gobernanza, la financiación y la transparencia, así:
La
gobernanza, entendida como los procesos del Gobierno y de las instituciones para orientar asuntos públicos, y que, en este caso particular, se visualizan en que el Programa de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo se alinean con las agendas globales por discutir en la COP16, y en cómo el Programa de Gobierno incide en los instrumentos de planeación territorial en materia ambiental.
El
financiamiento se refiere las alternativas de recursos actualmente existentes en el país, desde diferentes fuentes nacionales y territoriales, pues ellas permiten dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en biodiversidad, clima y transformación productiva.
La
transparencia corresponde a los mecanismos nacionales para identificar y visibilizar la proporción de recursos que se dirigen hacia un asunto particular, y que se conocen como trazadores o marcadores presupuestales, los cuales son útiles para entender cómo se invierten los recursos y si responden a las necesidades y compromisos priorizados en los instrumentos de planificación.
Figura 2. Facilitadores para la lucha contra la pérdida de biodiversidad, la acción climática, y la transformación productiva sostenible
Fuente: elaboración propia, Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS-DNP).
Este esfuerzo hecho por el DNP se concibe como un aporte estratégico para posicionar a Colombia como un referente global de integración y coherencia intersectorial para la gestión territorial de la biodiversidad y la acción climática, como determinantes de la planificación de cara a las negociaciones que se llevarán a cabo en la COP16, al considerar que el legado del Gobierno será el cambio con criterios de equidad y justicia social, económica y ambiental.
2.1 Gobernanza
Se evidencia una alineación robusta entre el Programa de Gobierno Colombia, Potencia Mundial de la Vida y el Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia 2030. El Gobierno Nacional, con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el apoyo del DNP, adelanta el proceso de actualización del Plan de Acción de Biodiversidad (PAB), cuyo objetivo es definir acciones estratégicas, tanto sectoriales como territoriales, que contribuyan a la gestión integral de la biodiversidad y al logro de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal para el 2030. Esto es el resultado de la coherencia y del esfuerzo conjunto de actores nacionales, regionales y locales, y que se constituirán en la hoja de ruta para la conservación de la biodiversidad a corto y mediano plazo.
Así, dos de los seis ejes del Programa de Gobierno y seis líneas estratégicas de las 37, estarán aportando de forma explícita al principal instrumento rector de la biodiversidad del país. Los ejes del Programa de Gobierno con mayor correlación son “Colombia líder en la lucha contra el Cambio Climático", y “Democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional"; en tanto, entre las líneas estratégicas se sobresalen estas: las apuestas al ordenamiento territorial alrededor del agua; la naturaleza viva y territorios vitales; hacia una sociedad movida por el sol, el viento y el agua; y hacia una sociedad con basura cero, que acoge las apuestas de economía circular.
Figura 3. Alineación entre el Programa de Gobierno y el Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia 2030
Fuente: elaboración propia, Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS-DNP).
Las transformaciones que se promueven en el Programa de Gobierno aportarán a la materialización de las cuatro apuestas del Plan de Acción de Biodiversidad, en las que se prioriza la necesidad de avanzar hacia la coherencia intersectorial tanto en la planeación como en la implementación de acciones que incluyan la articulación de la agenda de cambio climático; el impulso a la transformación productiva con la cual se reconozca y valore la biodiversidad garantizando su protección; la contención de los delitos ambientales especialmente los relacionados con afectación a la biodiversidad y, por último, la necesidad de avanzar hacia la gobernanza para la gestión colectiva y biocultural de los territorios para garantizar el bienestar de las comunidades.
Hay una profunda articulación entre los planes de desarrollo territoriales con el Programa de Gobierno Colombia, Potencia Mundial de la Vida, donde los ámbitos y desarrollo sostenible son el cuarto sector priorizado por los municipios en tales instrumentos de planificación. Durante la transición de gobiernos y la formulación de los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT), el DNP acompañó a las entidades territoriales (ET) departamentales y municipales con asistencia técnica y orientaciones para facilitar la articulación tanto de las iniciativas como de los proyectos de las ET con las apuestas y ejes transformacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Ese acompañamiento facilitó la priorización de proyectos estratégicos para la inversión pública dentro de los ejercicios de planeación territorial en el país, con el fin de impulsar el cierre de brechas, el fortalecimiento territorial y la consolidación de paz.
Una vez aprobados los PDT, en el DNP se analizaron las iniciativas y las líneas estratégicas proyectadas por las administraciones territoriales y su alineación con el PND, así mismo, se identificaron las principales apuestas estratégicas y se dedujo el énfasis territorial departamental por sector. Al fijar la lupa en los sectores, se identificaron los principales proyectos estratégicos en los que puede darse la concurrencia de inversión y fuentes de financiación. Dicho ejercicio permitió determinar el grado de alineación política de los planes del país, con el enfoque del Gobierno del Cambio.
Coincidimos en lo esencial; tanto el Gobierno nacional como los Gobiernos territoriales compartimos un objetivo común de gran relevancia: cerrar las brechas poblacionales y territoriales existentes, buscando así una mayor equidad y cohesión en el desarrollo. En materia de medio ambiente, se evidencia que las necesidades del territorio están correlacionadas de manera estrecha con las apuestas estratégicas del Gobierno nacional, y le apuntan a alcanzar una relación armónica entre el medio ambiente, las actividades productivas y el hábitat como factores claves para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que permita el cierre de brechas identificadas.
Además, se encontró que el 32 % de las ET incluyen apuestas relacionadas con Naturaleza Viva, territorios vitales; el 21 % incorporan apuestas para el ordenamiento territorial alrededor del agua; y el 15 % priorizan apuestas para una sociedad movida por el sol, el viento y el agua.
En este orden de ideas, se requiere aunar esfuerzos para avanzar en el cumplimiento de las metas del PND, orientando y priorizando la inversión a los proyectos de restauración de ecosistemas y espacios verdes, conservación de áreas protegidas y biodiversidad local, también la implementación de los planes de manejo integrado de cuencas hidrográficas, la restauración de áreas ribereñas, prácticas agrícolas sostenibles, sistemas de gestión de residuos sólidos y reciclaje; la transición de fuentes fósiles a fuentes renovables, los planes de adaptación y mitigación del cambio climático, por nombrar algunos ejes estratégicos.
2.2 Financiamiento
El facilitador del financiamiento impulsa condiciones que promuevan nuevas tendencias sectoriales, territoriales y del sector privado hacia modelos productivos sostenibles para la gestión territorial de la biodiversidad y la acción climática, y corresponde tanto a fuentes de recursos públicos nacionales como territoriales, al igual que a las nuevas oportunidades de movilización de recursos a través de las regalías.
La regionalización de la inversión pública es un avance hacia la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. El reciente avance en la
regionalización de las inversiones públicas en Colombia es un hito clave en la estrategia del Gobierno para abordar los retos ambientales y sociales. Entre 2023 y 2024, el presupuesto asignado al
sector Ambiente y Desarrollo Sostenible fue de
$1,4 billones anuales, con el
67 % regionalizado en 2024, en comparación con el 12 % en 2023. Esto permitió destinar
$988.000 millones a departamentos y municipios, priorizando proyectos de
reducción de la deforestación, gestión hídrica y protección de la biodiversidad, decisiones que fortalecen la capacidad territorial para gestionar sus recursos de manera sostenible.
El
68 % de la inversión se distribuyó en regiones como
Amazonas (26 %), Andina (12 %), Pacífico y Caribe (11 %). Por su parte, departamentos como Guaviare, Caquetá, Putumayo, Meta y Antioquia lideran la recepción de fondos, entes territoriales que suman el 53 % de la inversión. Esta estrategia se alinea con el
Programa de Gobierno del Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, que promueve la transformación hacia una
economía productiva y descarbonizada, con un enfoque en la
sostenibilidad y el respeto por la naturaleza.
Figura 4. Regionalización de la inversión pública 2024
Fuente: elaboración propia. Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 fomenta la concurrencia de inversiones sectoriales y locales, uniendo esfuerzos entre actores nacionales y territoriales para el desarrollo sostenible. La inversión regionalizada permite una mejor
adaptación a las necesidades locales, fortalece la
gobernanza territorial y optimiza la ejecución de proyectos; demás, promueve la
colaboración intersectorial, maximizando la eficiencia y evitando duplicidades.
El impulso a las
inversiones ambientales responde también a promover la sostenibilidad económica, social y ambiental. En este contexto, para 2024, se han viabilizado
3.154 proyectos del sector ambiental, con una inversión de
$2,4 billones, financiados por recursos territoriales, el
Sistema General de Participaciones (SGP), el esquema de
Obras por Impuestos y aportes de la Nación.
El 79% de los proyectos se concentran en 12 departamentos, como
Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y Meta, aunque la inversión se encuentra en todos los departamentos y se benefician 839 municipios. Los recursos están destinados a la
conservación de la biodiversidad y gestión del recurso hídrico, prioridades en el
Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. El bienestar y la calidad de vida de las comunidades dependen de una gestión eficiente de los ecosistemas, razón por la cual el fortalecimiento de las capacidades territoriales es clave para cerrar las brechas ambientales y sociales, e impulsar un desarrollo más justo y sostenible en el país.
El esfuerzo territorial en inversiones públicas en ambiente y desarrollo sostenible se convierte en un factor clave para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promueve una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. La CEPAL subraya que América Latina y el Caribe requieren políticas públicas financiadas adecuadamente y alianzas estratégicas para materializar estos objetivos.
Figura 5. Inversión per cápita con recursos propios de los departamentos en proyectos territoriales
Fuente: SUIFP Territorio, con corte a agosto de 2024
A pesar de lo anterior, existe una clara desigualdad en la inversión per cápita entre los departamentos. Mientras departamentos como Antioquia y Cundinamarca reciben inversiones significativas, regiones más desfavorecidas como Guainía y La Guajira reciben una inversión mucho menor. Tal desequilibrio refleja una brecha en la distribución de recursos que puede perpetuar las diferencias en el desarrollo sostenible entre regiones.
La territorialización de la inversión es fundamental para cerrar estas brechas y fomentar una convergencia regional que beneficie a las zonas más rezagadas. Ello requiere no solo asignar recursos en función de la población, sino también de las necesidades ambientales y la vulnerabilidad ecológica de cada región. Una distribución más equitativa permitiría a los departamentos menos desarrollados enfrentar mejor problemas críticos como la deforestación, la degradación de suelos y la pérdida de biodiversidad.
El país cuenta por primera vez con el presupuesto más alto en recursos de regalías para financiar proyectos ambientales por 2,1 billones de pesos, orientados hacia el cumplimiento de los compromisos ambientales. Los recursos se destinan para financiar proyectos cuyo objetivo es la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación, en territorios de Paz para la Vida. De ese modo, la asignación ambiental y el 20 % del mayor recaudo del Sistema General de Regalías (SGR) se constituye en un hito para el sector ambiental, donde el DNP le apuesta a la dinamización de las regalías a través de una agenda de concurrencia de fuentes en proyectos estratégicos que transformen territorios y permitan construir paz con naturaleza.
El plan de convocatorias de la mencionada asignación distribuyó los recursos para el bienio 2023-2024 en seis convocatorias dirigidas al mismo número de acciones, a saber: 1) conservación de áreas ambientales estratégicas en municipios menores a 50.000 habitantes ($300.000 millones); 2) conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación para Pueblos y Comunidades Indígenas ($300.000 millones); 3) conservación de áreas ambientales estratégicas para el ordenamiento alrededor del agua y la justicia ambiental ($400.000 millones); 4) conservación de áreas ambientales estratégicas en municipios con cobertura boscosa menor al 10 % ($600.000 millones); 5) conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ($300.000 millones); 6) lucha nacional contra la deforestación para el desarrollo forestal y de la biodiversidad ($242.000 millones), movilizando recursos que promuevan la conservación y las economías locales.
2.3 Transparencia
La transparencia en la inversión pública es fundamental para afianzar la confianza con los sectores y territorios, reducir brechas y movilizar recursos para actividades que están rezagadas o necesitan ser potencializadas para alcanzar la justicia ambiental, a través de territorios vitales en donde prevalezca la protección de la vida. Por ello, focalizar, identificar y rastrear los esfuerzos en la implementación de políticas como, la de biodiversidad —deforestación y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas—, cambio climático y gestión del riesgo de desastres, mediante marcadores presupuestales permite validar cuántos recursos se están movilizando para el cumplimiento de las metas y objetivos por parte de los territorios y sectores.
El uso e implementación de los trazadores no será posible sin el apoyo de formuladores y viabilizadores de proyectos de inversión. El rol del formulador es estratégico en la media que es quién reconoce el problema por solucionar, identifica los objetivos, productos, actividades e indicadores del proyecto de inversión y, en esa media etiqueta los que están orientados al cumplimiento e implementación de las políticas de biodiversidad, cambio climático y gestión del riesgo de desastres. Por su parte el viabilizador, será el garante de que el uso y la marcación es adecuada para la iniciativa desde la etapa de preinversión, inversión y operación, como un requisito para la viabilizar el proyecto.
Si se tiene presente que Colombia cuenta con 1.710 áreas protegidas públicas y privadas que equivalen al 24 % del territorio nacional (RUNAP, 2024), realizar el seguimiento a la inversión y etiquetarlo garantizará la identificación de las necesidades apremiantes en conservación de la biodiversidad, al igual que los bienes y servicios resultantes de cada proyecto o iniciativa, y con ello, los avances y el esfuerzo de la nación y de los territorios para la transformación de la gestión del suelo basada en el respeto por la naturaleza, y tendría un aporte directo a la meta del Plan Nacional de Biodiversidad 2030 relacionada con los flujos de información para la toma de decisiones fortaleciendo la gobernanza de los territorios.
3. Retos y oportunidades: El Gobierno del Cambio rumbo a la COP16
A partir de los elementos expuestos en las secciones anteriores, se identifican oportunidades y retos que deberán avanzar en la lucha contra la pérdida de la biodiversidad, en la acción climática y en la transformación productiva sostenible, así como en la necesidad de movilizar recursos para su financiamiento, teniendo en cuenta que se constituyen en las apuestas a discutir en el marco de la COP16.
La elección de Colombia como sede de la COP16 es un hito en el compromiso del país con la preservación y la conservación de la biodiversidad en el mundo, y refleja el liderazgo del Gobierno nacional, tal y como quedó plasmado en el Programa de Gobierno Colombia, Potencia Mundial de la Vida, de consolidar la política exterior para luchar contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático posicionando a Colombia ante la comunidad internacional.
Acelerar la inversión en los territorios, e impulsar el financiamiento en clima, biodiversidad, recurso hídrico y economía circular consolidará el liderazgo del país en la COP16. Colombia continúa avanzando hacia un futuro más sostenible, en el que el desarrollo económico y social se complementa con la conservación de la biodiversidad y la gestión efectiva del cambio climático. Para garantizar un impacto positivo y cerrar las brechas de inversión, es crucial fomentar la complementariedad, la concurrencia, la coordinación y la sinergias entre los recursos de la Nación, las entidades territoriales y la inversión privada. Esta articulación permite maximizar la eficiencia de los recursos disponibles, y asegura que las inversiones tengan un mayor impacto ambiental y social. Además, fortalece la planificación territorial, alinea esfuerzos y optimiza la ejecución de proyectos para el beneficio sostenible de las comunidades.
Es crucial dinamizar las regalías a partir de una agenda de concurrencia de fuentes en proyectos ambientales estratégicos que transformen los territorios. Para impulsar las inversiones ambientales en Colombia, es crucial coordinar los esfuerzos entre Nación y territorios. Las regalías juegan un papel clave en la equidad distributiva, pues complementan los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN). Esa articulación permite maximizar el impacto de las inversiones sobre desafíos ambientales como el cambio climático, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Integrar los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) con otras fuentes, como el Sistema General de Participaciones (SGP), de recursos propios y de cooperación internacional, asegura una distribución equitativa, optimiza el gasto público y fomenta el desarrollo sostenible en las regiones más vulnerables.
La revaloración de la biodiversidad como base de la economía mundial será un legado del Gobierno del Cambio. Colombia, el país con la mayor biodiversidad de aves y orquídeas y el segundo con la mayor biodiversidad total en el mundo con cerca de 79.000 especies observadas (Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia, 2024), necesita revalorar la biodiversidad, concentrar sus esfuerzos en reconocer el gran potencial que ella le otorga y trabajar en cadenas de valor agregado que permitan su uso sostenible a la vez que se garantiza su protección y el beneficio a las comunidades locales. Es fundamental reconocer la importancia de la biodiversidad de manera cotidiana, así como valorar su papel en la vida de las personas y en la permanencia de los servicios ambientales.
Colombia, el “país de la belleza", tiene la oportunidad durante de la COP16 de impulsar y dejar un legado en el que los países que hacen parte del Convenio de Diversidad Biológica reconozcan la biodiversidad como alternativa a la transformación productiva y mediante el trabajo conjunto, lograr movilizar recursos y estrategias transnacionales para garantizar la permanencia de la vida en la tierra.
Referencias
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Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024). Monitoreo de la superficie de bosque y la deforestación en Colombia - 2023. Ideam – MinAmbiente.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024). Presentación Plan integral de contención a la deforestación - avances juntos para conservar la naturaleza que aún tenemos. Bogotá D.C.
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Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2024b). Informe anual del comportamiento de visitantes en áreas protegidas con vocación ecoturística año 2023. PNNC.
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Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia - Instituto de Investigaciones del Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2024). Biodiversidad en cifras.
https://cifras.biodiversidad.co/.
Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia - Instituto de Investigaciones del Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2023). Cifras destacadas Biodiversidad de Colombia 2023.
https://cifras.biodiversidad.co/files/Kit_prensa-Cifras_Sobre_Biodiversidad_de_Colombia.pdf
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