Bogotá, diciembre 16 de 2024. (@DNP_Colombia). El Director de Planeación Nacional, Alexander López Maya, atendió la sesión técnica convocada por la Corte Constitucional, para verificar los avances y el cumplimiento de la Sentencia Unificatoria SU-288 relacionada con el Régimen de Baldíos en el país, la cual busca recuperar terrenos que fueron adjudicados de manera irregular y que deben ser recuperados para ser adjudicados a campesinos y de esta manera avanzar en la Reforma Rural Integral y cumplir con los acuerdos de paz.
En este espacio, el director Alexander López Maya hizo referencia a la ‘Evaluación de gestión y de resultados de la administración en relación con la política pública contenida en el Punto 1 del Acuerdo Final’, para tal fin destacó los avances que ha tenido el Sistema Integrado de Información para el Postconflicto (SIIPO).
“Estamos en la versión 2.0 del SIIPO, que contiene nuevos indicadores y medidores de gestión que se han ido actualizando en tiempo real por más de las 53 entidades vinculadas en la firma de los Acuerdos de Paz. En total tenemos 517 indicadores de gestión, producto o resultado y hacemos seguimiento trimestral de avances cualitativos”, explicó López Maya.
Igualmente, el director de Planeación Nacional se refirió a los logros del Plan Marco de Implementación (PMI) y las estrategias, acciones, productos, indicadores y tiempos de implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz. Para tal fin destacó para el Pilar “ordenamiento social de la propiedad rural” existen 53 indicadores, 47 relacionados con la sentencia SU-288 en acceso y formalización, jurisdicción agraria y CatastroMultipropósito.
Por último, López Maya indicó que en los procesos de articulación se presentaron más de 100 reuniones en todas las regiones de Colombia y más de 40 eventos con Entidades Territoriales en los 32 departamentos, “para conversar, asesorarlos y acompañarlos, incluso en la redacción de artículos en sus Planes de Desarrollo Territorial y trabajar con 1.103 municipios invitados a participar y la incorporación de orientaciones de paz”, agregó.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, afirmó que “como aquí se ha manifestado, esta sentencia se trata de identificar esa magnitud inmensa de una problemática que es la cuestión agraria de la tierra en Colombia. Y quizás sea la sentencia más importante, no solo para la tenencia de la tierra, sino para el conjunto del desarrollo rural como un elemento central de la construcción de la paz en Colombia". Y agregó que “ya hemos resuelto más de 140 mil hectáreas en procesos agrarios, la mayoría de ellas de baldíos indebidamente ocupados, que se han recuperado y se han dispuesto bajo la administración de la Agencia Nacional de Tierras, cumpliendo con sus objetivos constitucionales”.
“En el IGAC generamos información que busca ser útil para la ciudadanía, las entidades, los tomadores de decisiones, la academia, la sociedad; es por eso que, como Instituto tenemos la meta de actualizar el 80% del territorio nacional con actualización catastral multipropósito, es decir, cerca de 90 millones de hectáreas. Esto a través de tres grandes bloques de trabajo: Reforma Rural Integral; Catastro Verde, en donde convergen municipios de reforma rural y de conservación ambiental; y municipios PDET. Llegando a 660 municipios del país al terminar este Gobierno”, explicó Gustavo Marulanda Morales, Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Por su parte, Felipe Harman, Director de la Agencia Nacional de Tierras, en su intervención, indicó que en el año 2024 la Agencia logró el 85% de ejecución presupuestal, aportando al Fondo Nacional de Tierras 450.000 hectáreas, “hemos agilizado la formalización de tierras llegando a más de un millón doscientas mil hectáreas para campesinos y comunidades étnicas, una cifra muy superior a las anteriores administraciones. Así es como avanzamos para hacer realidad la Reforma Agraria en Colombia”, agregó.
¿En qué consiste la Sentencia SU-288?
La Corte Constitucional, luego de analizar 13 solicitudes de tutela contra sentencias que declararon o negaron la pertenencia sobre terrenos baldíos pertenecientes a la Nación (11 presentadas por la ANT y 2 por particulares), encontró que se había generado un conflicto de competencias entre algunos jueces de la República y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por la adjudicación de terrenos baldíos pertenecientes a la Nación, ya que dichas autoridades judiciales, mediante sentencias de pertenencia, le otorgaron derechos de propiedad sobre baldíos a particulares, a pesar de que estos bienes son imprescriptibles.
Este problema jurídico quedó resuelto en la Sentencia SU-288 de 2022, en la que se unificaron los criterios de interpretación de las normas que regulan el asunto de los baldíos en Colombia, se trazó la ruta para el ordenamiento de la propiedad rural en el país y se ratificó que la adjudicación de baldíos corresponde a la ANT y, por tanto, no es posible que los juzgados tomen decisiones sobre la propiedad de estos predios de la Nación.
¿Qué ordenó la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional ordenó que los predios que están en manos de particulares, a quienes jueces de la República de manera irregular les reconocieron derechos de propiedad bajo la figura de prescripción adquisitiva, deben ser recuperados con el propósito de avanzar en la Reforma Agraria y adjudicarlo a campesinos, mujeres rurales y comunidades étnicas.
De acuerdo con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, Vicepresidente de la Corte Constitucional, esta sentencia SU-288 reviste gran importancia para la Nación ya que buscan garantizar el orden constitucional y el estado de derecho. “La Corte ha proferido una serie de órdenes complejas que requieren para su implementación de distintas autoridades, no para que queden escritas, sino que sean cumplidas por los distintos destinatarios y esta sesión técnica busca hacer seguimiento y verificar su estado para garantizar que esas órdenes se estén ejecutando”.
Trabajo articulado entre entidades del orden nacional
Para dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte, el Gobierno Nacional, a través del Consejo Superior de Administración de Ordenamiento del Suelo Rural (CSAOSR), creó el Comité de Seguimiento a la sentencia SU-288 de 2022. Este Comité es una instancia técnica asesora cuya función es propender porque se garantice la articulación y coordinación para la implementación de políticas públicas en materia de ordenamiento del suelo rural y la determinación de acciones interinstitucionales necesarias para el cumplimiento de la sentencia de la Corte.
Dentro del trabajo que ha adelantado el CSAOSR, donde el DNP ejerce la Secretaría Técnica, está la realización de un plan de socialización y participación ciudadana sobre los avances en la implementación de la Sentencia SU-288, que busca además de cumplir con los acuerdos de paz, la construcción de una paz estable y duradera y la Jurisdicción Agraria.
En este trabajo de socialización se priorizaron varias regiones del país, entre ellas: Orinoquía, Central, Eje Cafetero y Antioquia, Gran Santander, Pacífico, y Caribe y Amazonía, así como un evento académico, con pueblos indígenas, pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raízales y palanqueras y pueblo Rrom. En estas socializaciones participaron organizaciones campesinas, mujeres rurales, jóvenes rurales, víctimas del conflicto armado, actores de la academia y comunidades étnicas. En total han participado 526 asistentes; 227 hombres y 299 mujeres de las cuales el 23% fueron mujeres rurales. “El Consejo Superior de Administración del Suelo Rural busca orientar las acciones para atender las necesidades de las comunidades de transformar y cuidar el campo", indicó Antonio Avendaño, director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP.
Es importante mencionar que el DNP, junto con otras entidades del Gobierno Nacional, ha efectuado siete socializaciones de la sentencia unificadora en Villavicencio (Meta); Zipaquirá (Cundinamarca); Montería (Córdoba); Pereira (Risaralda); Bucaramanga (Santander); Cali (Valle del Cauca) y Florencia (Caquetá). También, se realizó un evento académico en Bogotá, en la Universidad del Rosario.