Buenaventura (Valle del Cauca), 18 de julio de 2024 (@DNP_Colombia).- Leonila Alberta Murillo, una líder social que dedicó más de la mitad de sus 88 años de vida a trabajar por la niñez desamparada de Buenaventura, fue una de las primeras madres comunitarias del país que recibió el otorgamiento de un subsidio permanente para la vejez que le concedió el Gobierno del Cambio.
Durante la emotiva ceremonia realizada en Buenaventura, y que fue liderada por el Presidente de la República, Gustavo Petro, y el director del DNP, Alexander López Maya, se oficializó el otorgamiento de un subsidio permanente para la vejez.
“Las madres comunitarias siempre fueron trabajadoras al asumir con valentía y entereza un servicio público del Estado consistente en atender a la primera infancia más vulnerable del país, sin embargo, les fueron desconocidos sus derechos de forma ilegítima. Por ello, en el marco de una acción concreta del cambio, nuestra decisión es reconocerlas y garantizarles sus derechos mediante acciones afirmativas que remedien el daño ocasionado en el pasado”, señaló el primer mandatario.
Con esto, el Gobierno del Cambio reivindica los derechos de las madres comunitarias a tener una vejez digna y resarce los efectos de la explotación laboral que vivieron las madres comunitarias de bienestar familiar desde 1987 hasta 2014.
“Reivindicamos y reconocemos la labor de las madres comunitarias ante la explotación que sufrieron durante casi 3 décadas en donde las administraciones pasadas jamás las reconocieron como trabajadoras. Por eso es que el Gobierno del Cambio reivindica los derechos de las madres comunitarias para que nunca más una mujer vuelva a ser explotada laboralmente”, indicó el director del DNP.
Las madres comunitarias siempre fueron trabajadoras al asumir con valentía y entereza un servicio público del Estado consistente en atender a la primera infancia más vulnerable del país, sin embargo, les fueron desconocidos sus derechos de forma ilegítima. Por ello, en el marco de una acción concreta del cambio, nuestra decisión es reconocerlas y garantizarles sus derechos mediante acciones afirmativas que remedien el daño ocasionado en el pasado.
A pesar de cumplir con un horario, una prestación personal del servicio y una remuneración, las madres comunitarias de bienestar familiar no eran tratadas como trabajadoras, con lo cual se evitó que cientos de miles de señoras que atendían a la primera infancia más vulnerable, contaran con aportes a pensión, prestaciones sociales y un salario mínimo.
El Gobierno del Cambio liderado por el presidente Gustavo Petro, se había comprometido en los artículos 137 y 139 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) a incrementar el subsidio de vejez para las madres comunitarias en un 95% del salario mínimo y cambiar esta situación mediante la reglamentación del Decreto 2182 de 2023.
Además, se elimina también la tercerización laboral ilegal de las madres comunitarias al ordenar al ICBF la formalización laboral con el Estado de las madres comunitarias para culminar con el desconocimiento de sus derechos laborales.
De igual forma, a través del ICBF se incrementaron los valores de la minuta de alimentación, generando una mejor nutrición en los programas de primera infancia, por lo que esto no solo es un triunfo para estas madres sino para todos los niños del país.
Estos avances son producto de un acuerdo con Sintracihobi - el mayor sindicato de Madres Comunitarias del país con más de 22.000 afiliadas– logrado el 11 de febrero de 2023 tras una movilización publica y pacífica. Este sindicato fue creado en el año de 1987 por Olinda García, Leonila Alberta Murillo y otras madres comunitarias para la defensa de los derechos laborales de las madres comunitarias y es el responsable de los más importantes logros para esta comunidad que hoy ve como con el Gobierno del Cambio finalmente se cumplieron todas sus pretensiones.
Para 2024 se espera que 14.000 madres sean acogidas por el Subsidio y se espera que al final del Gobierno 36.000 madres comunitarias y sustitutas como Doña Leonila Alberta Murillo sean beneficiarias de una pensión para que tengan una vejez digna.