“Si bien el país atraviesa restricciones macroeconómicas y fiscales que han limitado la asignación de recursos de inversión para la próxima vigencia; este Gobierno tiene el compromiso de garantizar un mínimo de recursos para que Colombia avance hacia la justicia social y la protección de la vida, materializando las transformaciones trazadas en el Programa de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, indicó el director del DNP.
Los recursos adicionales por $12 billones considerados en el presupuesto están amparados en el artículo 347 de la Constitución Política, que faculta al Gobierno a tramitar una Ley de Financiamiento para atender los gastos proyectados. Estos recursos permitirán financiar un mínimo de inversiones estratégicas que bajo otro escenario estarían desfinanciadas, dada la alta inflexibilidad que actualmente existe en el proceso de programación presupuestal.
“Estas rigideces son en parte resultado de las decisiones de Gobiernos anteriores, como la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), las vigencias futuras, las deudas de la pandemia pendientes de pago al Sistema de Salud, la opción tarifaria, entre muchas otras que aumentan la presión sobre el presupuesto de 2025”, agregó el director López Maya.
Un ejemplo de ello es el incremento en la deuda neta tras la pandemia, que pasó del 48,4% del PIB en 2019 al 57,9% del PIB en 2022. Este aumento ha llevado a que los compromisos por concepto de servicio de la deuda alcancen una cifra histórica de $112,6 billones para el año 2025. Esta cifra es más de nueve veces el valor estimado en la Ley de Financiamiento y supera en $30 billones el presupuesto de inversión proyectado para el próximo año.
Es importante mencionar que, ante esta realidad fiscal, la programación de la inversión para 2025 requirió un esfuerzo generalizado de los sectores hacia la priorización y la eficiencia del gasto, pero asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 350 de la Constitución, el cual establece la priorización del gasto social frente a otras partidas.
La inversión para 2025 priorizó recursos en programas sociales que permiten avanzar hacia el cierre de brechas, la reducción de desigualdades y la construcción de la paz, distribuyendo el presupuesto de inversión en sectores estratégicos como: Agricultura ($4,1 billones), Salud ($2,1 billones), Educación ($8 billones), Inclusión ($7,9 billones), Igualdad (incluyendo entidades como el ICBF) ($10 billones), y Vivienda ($4,2 billones), entre otros.
“Con estas asignaciones, se dirige la inversión pública hacia temas prioritarios como el derecho humano a la alimentación, el acceso a la educación para la niñez y la juventud, el cuidado de la primera infancia y el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda, agua y saneamiento”, puntualizó el director del DNP.
Finalmente, es importante destacar que reducir el monto de inversión iría en contra del mandato constitucional de incluir en el presupuesto todos los gastos en los que incurre el Gobierno Nacional. Además, comprometería la priorización de las apropiaciones asociadas con el gasto social, destinadas a atender las necesidades básicas de los ciudadanos. Por tanto, estas decisiones irían en contravía de los más vulnerables y de las transformaciones sociales y productivas en las que el país debe avanzar para hacer de Colombia una potencia de la vida.