Revista Jurídica

​Para establecer la destinación de los recursos obtenidos por las entidades designadas ejecutoras en los escenarios planteados, es necesario traer a colación el concepto de regalía como una contraprestación económica causada a favor del Estado por la explotación de un recurso natural no renovable, según lo estipulado en el Artículo 360 de la Constitución Política de 1991. Este concepto ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia. A modo de ejemplo, la Sentencia C-245/20 sostuvo:​

La jurisprudencia de esta Corte ha definido la regalía como una contraprestación económica que percibe el Estado, en su condición de propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, de las personas a quienes se les concede el derecho a explotar dichos recursos en determinado porcentaje sobre el producto bruto explotado, de donde la titularidad de las regalías al igual que de las contraprestaciones económicas causadas por la explotación de un recurso natural no renovable radica en el Estado, en su calidad de dueño del subsuelo, y a las entidades territoriales les compete un derecho de participación sobre las regalías, que les atribuye la ley.

De esta manera, resulta claro que los recursos de regalías que obtiene el Estado se originan, únicamente, por la explotación de recursos naturales no renovables.

La configuración normativa de estos recursos se materializó tanto en la Ley 1530 de 2012 como en la Ley 2056 de 2020, mediante la cual se determinó la fuente, distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el SGR.

Asimismo, debe tenerse en cuenta lo estipulado en el artículo 124 de la Ley 2056 de 2020: "(componen) el Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías el Plan de Recursos, el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías y el Presupuesto del Sistema General de Regalías". El Plan de Recursos consiste, a tenor del artículo 135 de la mencionada Ley 2056 de 2020, en "una proyección (que será elaborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a partir de la información compendiada por los órganos del sistema) de las fuentes de financiamiento del (sistema) a diez años, discriminada por cada uno de los ingresos".

A su turno, en los términos de los artículos 137 y 138 ibid., el Presupuesto del SGR se compone, entre otros elementos, por el Presupuesto Bienal, el cual "contendrá la estimación de los ingresos que se esperan recaudar durante una bienalidad como contraprestación económica a la explotación de los recursos naturales no renovables, y la proyección de otras fuentes de financiamiento del Sistema, incluida la disponibilidad inicial de recursos no ejecutados durante la bienalidad anterior. El Presupuesto Bienal de Ingresos del Sistema General de Regalías guardará consistencia con el Plan de recursos del Sistema General de Regalías".

De las disposiciones referidas se concluye que, tanto el Plan de Recursos como el Presupuesto Bienal de Ingresos, los cuales deben ser consistentes entre sí, no contemplan fuentes distintas a las derivadas de la contraprestación por la explotación de recursos naturales no renovables según lo establecen los artículos 360 y 361 constitucionales o la disponibilidad de recursos propios del sistema, tales como aquellos que no sean ejecutados en la bienalidad o que resulten de la liberación automática en los términos de los artículos 37, 137 y 138 de la Ley 2056 de 2020.

De esta suerte, supuestos como, por ejemplo, los recursos devenidos de las contingencias propias de la gestión de los proyectos de inversión o de los litigios, sanciones, multas o indemnizaciones que tengan lugar por la interacción entre la entidad ejecutora y sus contratistas, los cuales, como se sabe, se rigen por normas externas al SGR, no son ingresos pasibles de integrar este especialísimo sistema presupuestal. Dicho de otra manera, tratándose de ingresos contingentes como multas, penas o sentencias favorables a la entidad designada ejecutora, devenidos de sus vínculos contractuales, será esta la responsable de determinar el uso que dará a estos recursos en consistencia con su marco presupuestal, contable y contractual.