Con la declaratoria del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, surgió la necesidad de que la inversión social llegara efectivamente a los ciudadanos que más la necesitaran; ello de conformidad con el Decreto Legislativo 812 de 2020.
Así las cosas, para optimizar la asignación del gasto social, se dispuso que el Departamento Nacional de Planeación deberá crear, administrar e implementar el Registro Social de Hogares, definido como un sistema de información que integra bases de datos de la oferta y demanda social a partir de la caracterización socioeconómica de la población en distintos niveles territoriales, geográficos y poblacionales.
De esta forma, con el Registro Social, reglamentado a través del Decreto 890 de 2022, se espera contar con una herramienta/portal que consolide y disponga de la información, tanto de características socioeconómicas de los hogares, como de su acceso a la oferta de los diferentes programas sociales del nivel nacional y territorial. Estos módulos serán integrados y alimentados mediante procesos de interoperabilidad con las diferentes entidades, con el objetivo de contar con información dinámica, actualizada y validada.
Vale la pena mencionar que este Registro no remplaza al Sisbén, pero sí se plantea una transición para que este se convierta en la herramienta para la focalización de la oferta social y la selección de beneficiarios por parte de las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas. Lo anterior en la medida en que este instrumento permitirá efectuar la evaluación y el seguimiento a los programas sociales y subsidios a través del tiempo y el efecto en la situación socioeconómica de los beneficiarios, buscando así mejorar la asignación del gasto social.