La biodiversidad es el principal patrimonio de la Nación, y su
conservación permite mayor resiliencia ante los efectos del cambio
climático. En este sentido, el principal objetivo del documento CONPES 4050
aprobado el 30 de septiembre, es reducir al 2030 el riesgo de pérdida
de naturaleza en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), de tal
manera que se garantice la protección de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos que soportan el bienestar y el desarrollo
social, económico y cultural presente y futuro de la nación.
Esta nueva Política es uno de los propósitos de este Gobierno incluidos en el Pacto por la sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad.
Documento 4050 Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegia -SINAP-
En
esta política se desarrollan principios enfocados en lograr mayor
corresponsabilidad de los sectores productivos para contribuir a la
conservación de las áreas protegidas y retribuir a las poblaciones
vulnerables que apoyan su cuidado. Se incorporan principios asociados a
la buena gobernanza de las áreas protegidas y del Sistema, se pone
especial énfasis en la necesidad de aumentar la efectividad en el
manejo, y se posiciona la importancia de proteger espacios naturales con
elementos y significados culturales asociados.
Adicionalmente
esta política se articula con la iniciativa 30x30 orientada a proteger
al menos el 30 % de los océanos y el 30 % de las áreas terrestres y
aguas continentales del mundo para el año 2030, con por lo menos un 10 %
sujeta a protección estricta, que se está discutiendo en el nuevo
Marco Global de la
Biodiversidad
post 2020. Este Marco establecerá́ nuevos objetivos y metas a ser
implementados por los países miembros del Convenio sobre Diversidad
Biológica.
Colombia posee una
ventaja extraordinaria frente a otros países en cuanto a su capital
natural con más de 51 mil especies registradas que la posicionan como el
segundo país en megadiversidad, albergando aproximadamente el 10 % de
la biodiversidad en menos del 1 % del territorio emergido a nivel
mundial. El país tiene, además, cerca de 6.383 especies de plantas
endémicas, 367 de anfibios y 34 de mamíferos, entre otros grupos1. La
posición geográfica privilegiada del país ha permitido una diversidad
biológica exuberante y única, que debe mantenerse y potenciarse como una
ventaja competitiva frente a otros países.
Algunos
de los servicios ecosistémicos suministrados por las Áreas Protegidas
son la regulación y provisión hídrica para el consumo de cerca de 25
millones de personas, la generación del 52 % de la energía
hidroeléctrica, la regulación del clima asociada a más de 13 millones de
hectáreas de bosque y el desarrollo de diversas actividades productivas
estratégicas. Se estima que por concepto de regulación y provisión
hídrica el aporte de las Áreas Protegidas a la economía nacional es de
USD 2.770 millones anuales aproximadamente (cerca de 0,9 % del PIB en
2013).
La construcción de este documento CONPES inició en 2019 y contó con la Secretaría Técnica del Departamento Nacional de Planeación (DNP)
y un arduo trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Aportaron en este proceso
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) como implementador del
proyecto GEF Sinap apoyado por el BID y el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD.
Estas
entidades y socios estratégicos lideraron un proceso amplio de
participación social para la construcción de la política, en el que se
encontró que la biodiversidad de las áreas protegidas está en riesgo,
pues hay procesos de transformación en su interior y en sus áreas
aledañas, que afectan la integridad ecológica, generan aislamiento,
alteran el hábitat y las poblaciones de especies silvestres y, en
general, reducen las posibilidades de conservación en el largo plazo,
con graves consecuencias para el bienestar humano y el desarrollo de la
nación.
Cuatro grandes ejes
problemáticos explican el riesgo de pérdida de la naturaleza protegida,
como son: 1) la insuficiente protección del patrimonio natural y
cultural en el Sinap; 2) la baja conectividad ecológica de las áreas
protegidas con sus entornos; 3) la baja efectividad en la gestión; y
4) La débil corresponsabilidad de los sectores productivos en la gestión
de las áreas protegidas, así́ como de la retribución por las acciones
de conservación que allí́ realizan las comunidades locales. Por esto la
política ha vinculado el compromiso de 12 sectores, incluido el
ambiental, para contribuir a la conservación de las áreas protegidas en beneficio de las actuales y futuras generaciones.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Sinap inició su diseño desde finales de la década de los noventa como
parte de la ratificación del Convenio de Diversidad Biológica en 1994.
Este sistema se reglamentó con la expedición del Decreto 2372 de 2010,
que permitió́ establecer los criterios y fundamentos necesarios para la
consolidación del Sinap y de esta manera aportar al logro de los
objetivos de conservación del país, contribuyendo significativamente a
la conservación de la diversidad biológica y cultural, la restauración y
el uso sostenible, garantizando un aprovisionamiento de bienes y
servicios ambientales indispensables para el desarrollo económico,
social y ambiental de la nación.
Las
áreas protegidas públicas de Colombia son declaradas y administradas
por diferentes autoridades ambientales, en cabeza del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de
Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, usando para ello una diversidad de categorías de manejo que
orientan la gestión, las cuales contemplan un espectro amplio de manejo
desde la preservación estricta, hasta la restauración y el uso
sostenible.
En complemento, el país
reconoce los esfuerzos de conservación en tierras privadas, a través
del registro voluntario de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, como
áreas protegidas. A 2021 se cuenta con más de 31,5 millones de
hectáreas de ecosistemas naturales protegidos, 16,6 % en territorio
continental y 13,4 % de territorio marino de acuerdo con las cifras
reportadas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP,
que evidencia la declaración de más de 1.300 áreas protegidas públicas y
privadas.
Dado que el Sinap hace
parte de una estrategia de conservación amplia que involucra al Estado y
a los particulares en el logro de los objetivos nacionales de
conservación, esta política contó en su elaboración con la
participación de diferentes entidades públicas y cerca de 1.000
ciudadanos de todas las regiones del país que trabajan, viven y se
relacionan permanentemente con las áreas protegidas. Al proceso fueron
convocados los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas, las
instituciones públicas nacionales de todos los sectores productivos, la
fuerza pública, el sector privado, las entidades territoriales, la
academia, los institutos de investigación del Sistema Nacional
Ambiental, las autoridades ambientales, las organizaciones sociales, los
campesinos y las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Con
la implementación de estas acciones, el Gobierno Nacional reconoce la
enorme riqueza en biodiversidad y sus contribuciones al desarrollo y al
bienestar social, logrando compromisos en el más alto nivel de las
entidades públicas nacionales, para concurrir en su efectiva
conservación y en el mantenimiento a largo plazo de los beneficios que
ella genera