La línea de Mejora Normativa de la Subdirección de Gobierno y Asuntos Internacionales, tiene como objetivo
diseñar lineamientos y brindar acompañamiento técnico a entidades de nivel nacional y territorial, en la implementación de la Política de Mejora Normativa (PMN).
¿Qué es?
La PMN tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas en la emisión de normas, con el fin de lograr que las autoridades encargadas de expedirlas, tanto en el nivel nacional como en el territorial, tengan en cuenta los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.
De esta manera,
el objetivo de la PMN no es otro que el de construir sociedades capaces de utilizar mejor sus recursos y generar mayor bienestar social para sus habitantes.
¿Qué hacemos?
Nuestro equipo brinda
acompañamiento técnico, genera lineamientos y capacidades para que las entidades del nivel nacional y territorial con funciones regulatorias apropien e implementen la PMN. Para ello, el equipo investiga, analiza, recaba y construye información y diseña herramientas y/o lineamientos con base en evidencia, avances académicos o recomendaciones internacionales y los adapta a las capacidades institucionales de las entidades del país.
Para ello, nos basamos en el
Ciclo de Gobernanza Regulatoria (CGR) que orienta internacionalmente las políticas regulatorias adoptadas por los países, que en el caso colombiano se ha materializado a través de la PMN. Es por ello que, para efectos de comprensión general de la política podemos utilizar indistintamente los términos de “política regulatoria” y “política normativa” en el país.
Ciclo de Gobernanza Regulatoria (CGR)
Este ciclo concibe las normas, al igual que cualquier herramienta de política pública, como un instrumento que responde a distintas necesidades en función del momento del tiempo en el cual se pretendan adelantar las intervenciones. Es por ello qué el ciclo cuenta con distintas herramientas en cada una de sus etapas, que permiten adoptar buenas prácticas en cada paso del proceso de emisión, implementación y evaluación de normas en el país. Las etapas que componen este ciclo son:
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Planeación: En esta etapa, se busca que las entidades identifiquen anticipadamente los asuntos y problemáticas que podrán requerir una posible intervención regulatoria y planifiquen con anterioridad el proceso de construcción de dicha intervención.
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Diseño: Con estas herramientas se impulsa el diseño de intervenciones públicas enfocadas en resolver problemas públicos estructurales. Para ello, se capacita a las entidades para que apropien instrumentos que les permitan identificar claramente esos problemas a resolver, los objetivos de dichas intervenciones, la construcción y comparación de distintas alternativas de solución, así como estrategias de monitoreo y seguimiento sobre las estrategias a implementar.
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Redacción: Cómo etapa en el proceso de producción la producción normativa, las herramientas para la redacción de la regulación buscan garantizar que las conclusiones presentadas en la etapa de diseño se materialicen en disposiciones jurídicas coherentes, con calidad técnica y jurídica, precisión y claridad.
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Consulta pública: Esta etapa brinda elementos de participación para que los actores interesados puedan incidir en las decisiones que toma el Estado, fortaleciendo la confianza, legitimidad, efectividad y transparencia de las intervenciones. Este mecanismo es transversal a todo el ciclo, sin embargo, resulta de particular prioridad una vez se haya consolidado la propuesta de regulación, pues allí los actores podrán revisarla antes de que esta se convierta en un instrumento oficial, para que este tipo de respuestas por parte del Estado se ajusten a las necesidades y demandas de los ciudadanos o grupos de interés.
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Revisión de calidad: Las herramientas de esta etapa buscan garantizar que el contenido regulatorio sea revisado por parte de los actores competentes. En este punto estos, actores pueden abarcar a la sociedad civil y otras entidades que por sus funciones y/o competencias, requieran conocer de las intervenciones de otras entidades, para así facilitar la coordinación entre agentes del Estado.
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Publicación: En adición a los ejercicios de participación que deben darse a lo largo del ciclo, la etapa de publicación busca incentivar la apropiación de herramientas que garanticen los principios de participación y publicidad de las actuaciones administrativas de las entidades, tal como lo define la Ley 1437 de 2011.
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Evaluación: La etapa de evaluación busca que las entidades adopten prácticas y herramientas que les permitan tomar decisiones a partir de la generación de evidencia, esto es mediante ejercicios de análisis que permitan identificar el grado de cumplimiento de objetivos inicialmente propuestos y los resultados conseguidos en función de los costos asumidos.